En un comunicado, indicaron que la atención médica es un derecho de las personas privadas de libertad, pero advierten que deben garantizarse mediante controles que eviten posibles irregularidades o privilegios injustificados.
Según el pronunciamiento, durante el tiempo que Bonilla permaneció recluida en el centro carcelario Los Jocotes, en Zacapa, la familia tuvo conocimiento de presuntas salidas por motivos de salud que se habrían realizado sin una orden judicial previa, con notificaciones posteriores al OJ.
También señalan supuestos desplazamientos que no habrían correspondido a citas médicas; entre ellos, la asistencia a un funeral en 2024, visitas odontológicas y traslados a centros comerciales en la ciudad capital. Además, indicó que existen dudas sobre la veracidad de algunos informes médicos que presuntamente habrían servido para justificar esas salidas.
Se pidió que las autoridades competentes investiguen y esclarezcan estos señalamientos, y que, de comprobarse irregularidades, se deduzcan las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Asimismo, hicieron un llamado al OJ para que verifique la documentación médica que respalda cada traslado, las autorizaciones respectivas y el cumplimiento de las medidas judiciales. También se instó a los centros médicos privados y a los profesionales de la salud a no prestarse a posibles maniobras para justificar salidas irregulares del centro carcelario.
“La salud debe atenderse con humanidad, pero la justicia debe garantizarse sin privilegios ni excepciones arbitrarias”, indicaron en el comunicado.
El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo “C» autorizó el traslado de Bonilla a un centro médico privado amparándose en un dictamen emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que recomendó su traslado debido a problemas renales.
Bonilla está actualmente recluida en el Centro Preventivo para hombres y mujeres Matamoros, ubicado en la zona 1.
Exigen sentencia conforme a derecho
En el pronunciamiento, los familiares de Melisa Palacios reiteraron que continuarán exigiendo justicia y una sentencia conforme a derecho para los dos acusados en el caso, con la máxima sanción que legalmente corresponda si se demuestra su responsabilidad penal.
“No pedimos venganza. Exigimos verdad, transparencia, igualdad ante la ley y justicia”, expresaron.
La familia concluyó que ninguna persona debe estar por encima de la ley y pidió que las instituciones esclarezcan las posibles actuaciones irregulares relacionadas con los traslados de Bonilla.
En enero de este año, el Tribunal resolvió que el inicio del juicio contra Bonilla y José Luis Marroquín, acusados por la muerte de Melisa Palacios, se inicie el 14 de diciembre de 2027.
