Según informaron, al entregar las firmas se activa el artículo 277 inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que 5 mil ciudadanos empadronados pueden proponer reformas constitucionales al Congreso y que dicho asunto debe tratarse “sin demora alguna”.
Poder Ciudadano afirmó que llegaron al Congreso con 16 mil firmas, más del triple que exige la Constitución. Afirmaron que las firmas son de guatemaltecos de todo el país que respaldan cinco cambios de fondo.
“Lo hacemos con formación ciudadana, con la observación del Congreso y de las
cortes, con litigio estratégico y con propuestas de reforma. Una de esas propuestas es la Reforma Constitucional al Sector Justicia, que hoy entregamos al Congreso de la República”, afirmó Poder Ciudadano en un comunicado.
Los cambios de fondo
En total, la propuesta de reforma plantea cambios en 24 artículos de la Constitución relacionados al sector justicia. Entre estos cinco cambios de fondo, como la eliminación de las comisiones de postulación, medidas con la cual se busca que todas las universidades del país y el Colegio de Abogados dejen de participar en la elección de magistrados.
Otro de los cambios es quitarle la potestad al Congreso para elegir magistrados de Corte de Apelaciones, para que estos sean electos por concurso dentro de la carrera judicial.
También se propone renovar las altas cortes del país, como la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de forma escalonada, con periodos largos y sin reelección. La propuesta contempla un periodo de 12 años en la CSJ y ocho en la CC.
Además, la propuesta busca quitarle el “enorme poder administrativo” que hoy maneja la CSJ, ya que actualmente los 13 magistrados nombran, trasladan y ascienden a los jueces. La reforma busca que los magistrados de CSJ se dediquen únicamente a juzgar, mientras que las funciones administrativas pasarán a órganos independientes.
El último cambio de fondo que se propone es la creación de un procedimiento “claro” para remover por faltas graves a magistrados de CC, CSJ, al fiscal general y al contralor general.
El proceso
El proceso inicia con la recepción y revisión, por parte de la Dirección Legislativa del Congreso, del proyecto de reforma y las planillas de firmas, cuyo respaldo de al menos 5 mil ciudadanos empadronados debe ser verificado por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luego, la propuesta recibe un número de iniciativa, es conocida por el Pleno y trasladada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que debe emitir dictamen en un plazo de 45 días hábiles.
Para aprobar la reforma se requieren 107 votos de los 160 diputados; sin embargo, su aprobación no la hace vigente, pues debe ser ratificada mediante consulta popular y, si obtiene el respaldo ciudadano, entrará en vigor 60 días después de que el TSE anuncie los resultados.
