Edgar Ortiz, abogado constitucionalista y uno de los impulsores de la iniciativa, comentó a eP Investiga que la iniciativa no solo propondrá cambios a la Constitución, sino también creará una base de datos de fallos constitucionales, estudiará la Constitución y desarrollará litigio estratégico.

“La propuesta nace al considerar el estado de la justicia en Guatemala y las lecciones aprendidas de los últimos años. Creemos que es impostergable plantear una reforma a la justicia y que la vía para hacerlo es mediante cambios constitucionales”, indicó Ortiz.

El abogado afirmó que la propuesta de reforma constitucional ha sido trabajada por expertos y que se ha elaborado un texto base con los cambios que se buscan. Además, mencionaron que esta quedará abierta al público durante el mes de junio para recibir comentarios y posteriormente incorporar sugerencias al texto.  

“A partir del 4 de julio iniciaremos la recolección de firmas. La idea es que sea un proceso horizontal: nosotros solo somos facilitadores de una idea que creemos valiosa para el país”, comentó Ortiz.

Más allá de las firmas, Ortiz señala que esta iniciativa busca generar un movimiento ciudadano que impulse cambios necesarios para el país.

Los cambios propuestos

La propuesta busca cambios en 18 artículos de la Constitución. Esto con el propósito de que la justicia quede alejada de las negociaciones políticas y que se pueda garantizar la independencia judicial. 

Entre los cambios propuestos está la eliminación de las comisiones de postulación, esto debido a que se han convertido en espacios vulnerables para la negociación política. “Proponemos sustituir este modelo por mecanismos más transparentes, con reglas claras de mérito, evaluación pública y rendición de cuentas”, indican en la propuesta.

Además, estos cambios buscan fortalecer la carrera judicial para que un juez no dependa de favores políticos para ascender. 

También busca que el Congreso sea sacado de la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones, para evitar las negociaciones políticas, ya que con esto se “reduce el espacio para cuotas, pactos bajo la mesa y presiones indebidas sobre quienes deben resolver conflictos de ciudadanos, empresas y comunidades”. 

Se propone que los plazos para los magistrados sean más prolongados y mejor diseñados, esto debido a que los periodos cortos fomentan una “dependencia política”. Con esto también se propone controles reales, evaluación de desempeño y reglas claras de responsabilidad. 

Otro de los cambios propuestos es que la renovación de las altas cortes sea parcial, ya que consideran que este mecanismo permite que la coyuntura política actual capture todo el sistema judicial al mismo tiempo.

El proceso de reforma

La Constitución establece, en el artículo 277 inciso D, que cinco mil ciudadanos pueden proponer cambios constitucionales. Al presentar la reforma, esta entra como una iniciativa de ley en el Congreso de la República. 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales únicamente puede emitir opinión, pero no modificar la propuesta. Luego el pleno del Congreso decide si la aprueba o la rechaza, además de deberá pasar por el proceso de aprobación de tres lecturas. 

Si el Congreso la aprueba con 107 votos, todavía falta un paso: una consulta popular. No puede aprobarse únicamente por decisión del Congreso.

Otros cambios que se intentaron

Según Ortiz, Guatemala es de los países que menos cambios han tenido en su Constitución en las últimas cuatro décadas y únicamente una propuesta reforma ha logrado completar todo el proceso de aprobación.

Ese antecedente ocurrió entre 1993 y 1994, luego del autogolpe de Estado del entonces presidente Jorge Serrano Elías. En ese contexto se impulsó una amplia modificación constitucional que permitió realizar ajustes institucionales y convocar a nuevas elecciones. La propuesta fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada mediante consulta popular.

Un segundo intento ocurrió después de la firma de los Acuerdos de Paz. En esa ocasión, el Congreso aprobó una serie de reformas constitucionales, pero la propuesta fue rechazada cuando fue sometida a consulta popular.

Además de las reformas promovidas desde el Congreso, también han existido intentos ciudadanos para modificar la Constitución mediante la recolección de firmas. 

Ortiz recordó los casos de ProReforma, iniciativa vinculada al fundador de la Universidad Francisco Marroquín, Manuel Ayau, que logró reunir decenas de miles de apoyos, y Guatemala Futura, que también presentó una propuesta ciudadana. Sin embargo, ambas iniciativas llegaron al Congreso sin lograr avanzar hacia una aprobación.