Fueron los abogados Erick Castillo y Maynor Caté quienes presentaron la acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual se buscaba que los candidatos con mayores puntuaciones en la tabla de gradación integraran la nómina que se envió posteriormente al presidente de ese entonces, Alejandro Giammattei.
Los abogados argumentaron en ese entonces que existía una “exclusión arbitraria e ilegal” de aspirantes con puntuaciones altas y que cumplían con méritos éticos.
La Comisión de Postulación había evaluado a los aspirantes con base en méritos académicos, experiencia profesional y proyección ética. En esa fase, Porras obtuvo 90 puntos, una de las calificaciones más altas y superando la línea de corte, que era de 75.
Sin embargo, en las rondas de votación para integrar la nómina, Porras no alcanzó los votos necesarios para ser incluida entre los seis candidatos que serían enviados al presidente.
Fue en ese momento cuando los abogados presentaron la acción de amparo, que derivó en la resolución de la CC utilizada para incluir a Porras en la nómina, argumentando su alta puntuación.
En cumplimiento de la resolución, la postuladora realizó una nueva votación en la que finalmente incorporó a Porras como la sexta integrante de la lista remitida al Ejecutivo. La decisión permitió que su nombre fuera considerado por el entonces presidente, Giammattei, quien posteriormente la reeligió para un segundo mandato.
La resolución que derivó la inclusión de Porras en la nómina fue firmada por los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Rony Eulalio López Contreras, Walter Paulino Jiménez Texaj y Ana Geraldine Garines González como secretaria general.
El abogado Castillo también intentó suspender la nómina de la Corte de Apelaciones del proceso en 2024. Presentó una acción ante la CC porque supuestamente identificaron ilegalidades cometidas por la Comisión de Postulación al realizar negociaciones para votar solo por algunos expedientes y conformar la nómina que entregaron al Congreso.
La CC se extralimitó
Según Javier Monterroso, abogado y exsecretario privado del MP, en ese entonces la CC se extralimitó en funciones al decirle a una Comisión de Postulación la forma en que se debía integrar la nómina de candidatos para el cargo de fiscal general. Esto se debe a que no existe ninguna normativa legal que exija que las personas con más punteo deban integrar dicha lista.
Dijo también que es cuestionable que la persona que interpuso el amparo tuviera algún interés en ese tema y que ese aspecto es clave al momento de presentar una acción legal de este tipo.
El analista mencionó que en algunas ocasiones la CC ha dicho que las elecciones en el sector justicia son de interés para toda la población, mientras que en otras resoluciones ha dictado lo contrario, diciendo que hay personas interesadas de manera específica en el tema.
“La Corte tiene una jurisprudencia variada en este tema. En este caso se le dio participación a este abogado y la Corte falla en un sentido queriendo dar la última posibilidad a la fiscal general porque la Comisión no iba a darle los votos si no hubiese sido de esta forma”, dijo.
En ese sentido, el analista señaló que espera que la CC no vuelva a emitir un fallo de este tipo, el cual calificó como una “ilegalidad”.
“Si se mete en funciones que no le corresponden, están cometiendo un delito de usurpación de atribuciones. Tienen 20 años de responsabilidad”, dijo Monterroso.
Asimismo, insistió en que la Corte no tiene la potestad de dictaminar a la Comisión a quiénes se deben incluir en los listados, porque es un aspecto no contemplado en ninguna normativa legal.
Una sensación de criminalización
Para la exdiputada Nineth Montenegro, tras la reelección de Consuelo Porras como fiscal general en 2022, quedó una sensación de que la institución del MP se dedicó a la criminalización de personas.
“Quedó la sensación de estar desprotegidos, de estar en un estado de indefensión, en el que no sentimos poder tener un ente investigador objetivo e imparcial”, dijo Montenegro.
Mencionó que las acciones que ha realizado el MP, bajo el control de Porras, mantienen privados de libertad a muchas personas, incluso por razones que aún no quedan claras.
“Sistemáticamente se reciben una serie de informes que los dejan a uno muy preocupado”, esto en relación a múltiples estudios de instancias nacionales e internacionales que cuestionan el actuar del MP.
Montenegro espera que en el futuro haya una institución fortalecida, objetiva e imparcial, que esté al servicio realmente de los intereses de la población, siendo un ente auxiliar del sistema de aplicación de justicia, abogando por una transformación general de la institución.
Modelo agotado para elegir a funcionarios
Para Monterroso, con lo sucedido en 2022 con la reelección de Porras como fiscal general, se ejemplifica que el modelo para elegir a funcionarios a través de las Comisiones de Postulación ya está agotado.
“Su concepción era quitarle el poder al sector político y trasladarlo a la academia, a los gremios nacionales, pero después de tantos años este modelo está agotado y hay demasiados cuestionamientos; se han creado universidades solo para tener presencia en las Comisiones de Postulación”, mencionó.
Además, mencionó que en lugar de que se privilegiara a la academia con estos procesos, lo que se logró fue pervertirla, convirtiendo a universidades en espacios que solo sirven para las Comisiones de Postulación.
Porras concluirá su segundo mandato como fiscal general y jefa del MP en mayo de 2026 y hasta el momento se desconoce si buscará ser electa para un tercer periodo al frente del ente investigador.
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