Para algunos operadores políticos, fiscales y trabajadores cercanos, Porras será recordada como la mejor fiscal general que tuvo el ente investigador. Contrario al sentir ciudadano y para la comunidad internacional, es la funcionaria que protegió a actores corruptos y perpetuó impunidad durante ocho años. 

Aspiró a ser fiscal general en 2014 durante el gobierno de Otto Pérez Molina, pero fue hasta 2018 que logró ocupar el cargo bajo la administración de Jimmy Morales. Sobre ella caía una expectativa de lucha contra la corrupción e impunidad. Recibía la estafeta de Thelma Aldana, quien junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció actos de corrupción orquestados por el binomio presidencial del extinto Partido Patriota. 

La funcionaria es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); anteriormente se desempeñó como agente fiscal del MP y jefe de sección de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. También fungió como magistrada de sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. 

La administración de Porras al frente del MP concluye el 16 de mayo del próximo año, pero según analistas, para ella se prevén dos escenarios que le permitan su blindaje: buscar una magistratura de la CC o prolongar su estancia en el ente investigador. 

Trampas legales y pactos políticos para aferrarse al cargo

Aunque aferrarse al cargo de fiscal general podría parecer improbable, existe un precedente que marca la utilización de maniobras políticas y judiciales para perpetuar la prolongación de personajes en cargos públicos.

En 2019, se comenzó el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA) para el período 2019-2024. Este se vio entrampado de diferentes formas y fue hasta que hubo una orden de la CC que, en noviembre de 2023, se llevó a cabo la elección en el Congreso. En esa ocasión, aunque los togados habían cumplido su mandato, continuaron ejerciendo el cargo durante cuatro años más. 

A decir del analista Luis Miguel Reyes, una situación similar podría ocurrir en el proceso para elegir al próximo fiscal general con acciones legales que entrampen a la comisión de postulación. 

Esta premisa coincide con el criterio del politólogo Renzo Rosal, porque las reformas aprobadas en 2016 a la ley orgánica del MP exponen que “en caso de impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal del fiscal general, será sustituido temporalmente por el fiscal regional de distrito o sección”, pero la ley no aclara qué sucede cuando termina su mandato y no hay fiscal general electo.

“No hay que descartar ningún escenario, fundamentalmente orientados a la continuidad, y una de esas opciones es que ella (Consuelo Porras) pueda quedarse un tiempo más en el despacho del MP, jugando con la idea de que no sería la primera vez que, alrededor del tema de las postuladoras, se puedan llevar a cabo acciones que anulen el proceso”, aseguró Rosal. 

Según el analista, existe otro escenario y es que Porras se traslade a la CC y deje temporalmente a alguien de su confianza al frente del despacho del MP, mientras la comisión de postulación se encuentre entrampada. 

El pulso por la CC

El artículo 153 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece el plazo para designar a los cinco magistrados titulares y suplentes que integrarán la CC, evento que ocurrirá entre marzo y abril del próximo año, justo un mes previo al cambio de fiscal general. De esa forma, Porras tendría la oportunidad de renunciar al MP y ser juramentada ante la Corte, asegurándose cinco años más de inmunidad. 

Al tratarse de un colegiado independiente, la CC no está supeditada a ningún poder del Estado, pero hay cinco instancias que conformarán al próximo pleno de magistrados. Estos son: los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac. 

A criterio del analista Luis Miguel Reyes, este último podría ser la puerta de entrada para que Porras se cuele a una magistratura, pero seguiría siendo una pelea difícil debido a la poca aceptación que tiene ante la sociedad.

“Yo creo que a la fiscal general le va a costar pelear la magistratura por parte de la Usac, porque ella es ahora un actor muy tóxico dentro del sistema político guatemalteco con un bajo nivel de popularidad. Se ha quemado mucho con la impunidad que ha facilitado a actores políticos y está sancionada por toda la comunidad internacional. No es alguien con quien mucha gente quiera relacionarse”, refirió el politólogo. 

El actual rector de la Usac, Walter Mazariegos, mantiene con el cargo vencido a 37 de los 40 miembros que integran el CSU, en su mayoría afines al rector, según una publicación del pasado 10 de septiembre de Prensa Comunitaria. Esto representaría una oportunidad para que Porras sea electa como la próxima representante de la Usac ante la CC. 

La última designación del CSU ante la Corte fue del magistrado Hugo Pérez Aguilera, que contó con 27 votos a favor. 

Para Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, la fiscal general no tiene las credenciales para integrar la CC. Remarca que sus dos períodos al frente del MP estuvieron marcados por decisiones que protegieron a personajes corruptos que criminalizaron de forma arbitraria a periodistas, jueces y fiscales.

“Es difícil pensar en un peor candidato para la CC, porque ese tribunal es el guardián de la Constitución Política de la República de Guatemala y la fiscal general es enemiga de la Constitución porque ha sido protagonista de un intento de golpe de Estado”, refirió Pappier.

Mazariegos es un personaje rechazado por la comunidad estudiantil, catedráticos y otros sectores, debido a que su elección como rector de la Usac ocurrió en 2022, en un proceso amañado para evitar la participación de otros contendientes. En 2023, fue incluido en la lista Engel de actores corruptos de Estados Unidos, al considerar que “menoscabó los procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución educativa pública, luego de un proceso de selección fraudulento”.

El MP de Porras no investigó el hecho; al contrario, presentó un caso conocido como Toma Usac: Botín político. Este surgió de una denuncia presentada por la universidad en contra de estudiantes y docentes que manifestaron contra el proceso de elección de Walter Mazariegos y por supuestos daños a las instalaciones de la casa de estudios. En noviembre de 2023, el juez Víctor Cruz autorizó que se realizaran 33 allanamientos y 27 órdenes de captura, la mayoría contra estudiantes. 

Un tercer escenario que favorecería la cooptación

Desde antes de asumir el poder, el presidente Bernardo Arévalo solicitó en reiteradas ocasiones la renuncia de Porras como fiscal general. El ejecutivo presentó querellas penales y una iniciativa para reformar la ley orgánica del MP, pero los intentos de removerla del cargo han sido fallidos.

En su primer año de gobierno, el mandatario aseguró en una entrevista a ePinvestiga que será él quien elija al próximo jefe del MP, sin embargo, eso no garantiza que la nómina de candidatos no esté integrada por personas afines a Porras.

“Existe una posibilidad en la que al Presidente de la República no le va a quedar de otra que elegir de una sexteta de candidatos en donde seis de seis sean de la gente cercana a ella (Consuelo Porras). El elector sigue siendo el presidente Arévalo, pero que quede conminado para que haya alguien que represente la continuidad de la fiscal”, indicó. 

Según Rosal, este sería el escenario más desfavorable para el país, porque representaría una cooptación por completo de las comisiones de postulación que eligen a los seis aspirantes a fiscal general. 

Hasta ahora, no hay perfiles proclamados de personajes que buscarán el puesto en el MP; será hasta inicios de 2026 que la comisión de postulación recibirá papelerías. 

La postuladora está integrada por el presidente del Organismo Judicial, las presidentas actuales de la junta directiva y del Tribunal de Honor del CANG y los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país.