Porras asumió para un nuevo mandato en el MP en mayo de 2022, pero desde 2021 ya existía opacidad sobre sus remuneraciones, según publicaciones de medios de comunicación como La Hora. Lo mismo ocurre con los ingresos de otros funcionarios clave en la gestión de la jefa de la institución, como el de su secretario general, Ángel Pineda, y el del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Según una publicación de No Ficción de 2023, en ese entonces Porras tenía un salario de alrededor de Q55 mil, sin contar gastos de representación y otras bonificaciones.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 10, inciso cuatro, que los salarios de los empleados y funcionarios son información pública de oficio. Por eso, cada entidad del Estado está obligada a publicar salarios que correspondan a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto.
El argumento que el MP ha utilizado para bloquear la publicidad de los sueldos es lo que se establece en la misma ley. En ella se indica que quedan exentos de esta obligación cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Esa es la respuesta del MP para medios de comunicación y funcionarios cuando han solicitado los detalles sobre el salario que devenga la fiscal general, así como otros trabajadores de la entidad.
Una gestión opaca
A decir del diputado José Chic, quien en varias ocasiones ha solicitado información al MP sobre el salario de sus funcionarios, es preocupante que estos datos no sean públicos y pone de manifiesto que la gestión actual del ente investigador ha sido opaca.
“Es un poco preocupante esta situación porque todos los funcionarios del país han hecho públicos sus salarios o están subidos en las páginas de acceso a la información, desde un agente de la Policía Nacional Civil hasta un médico. Todo el mundo sabe cuánto ganan estos empleados públicos, a excepción de la gente en el Ministerio Público”, dijo Chic.
El diputado mencionó que la actual cúpula del MP no quiere que se sepa cuál es en realidad el salario. “Nosotros tenemos alguna información de que el salario, por ejemplo, de la fiscal general va rondando alrededor de los Q120 mil y en el caso de fiscales como Rafael Curruchiche y el secretario general Ángel Pineda, van llegando casi a los Q100 mil”, comenta.
Según Chic, estas remuneraciones alcanzan esas cifras debido a una serie de bonos que la fiscal ha recetado para tener “lealtades” en la institución, así como ejercer control sobre los trabajadores.
“Eso al final del día a ella le permite destituir, despedir a quien a ella o a su círculo de confianza se le dé la gana y por eso hemos visto los millonarios recursos que se han tenido que utilizar para temas de reinstalación de personal, a partir de que han hecho incluso muchos despidos de forma anómala o ilegal”, señala.
A criterio de Chic, si hay transición de autoridades en el MP en mayo de este año, al nuevo o nueva fiscal general se le tendrá que exigir que haga pública la información de los salarios, los cuales estaban disponibles hasta 2023.
“Ellos están acostumbrados a retorcer las leyes y uno de esos argumentos que dan es en función de que es por temas de seguridad, pero la mitad del periodo anterior de la fiscal pasó siendo público el tema del salario”, indicó.
Información pública de oficio
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz señala que la información sobre los salarios de los funcionarios y empleados públicos debe ser pública y de oficio. Además, de fácil acceso para cualquier persona.
Señaló que no se tiene conocimiento si hay alguna resolución en la cual se establezca que el salario de la fiscal general y de otros funcionarios del MP debe ser reservado, medida que puede ser “caprichosa”.
Ortiz menciona que la Constitución establece casos puntuales para declarar la reserva, donde no necesariamente cabe el caso de Porras. El artículo 30 señala el principio de puntualidad de los actos administrativos, poniendo únicamente como excepción los asuntos militares o diplomáticos que sean de seguridad nacional.
Una ley desnaturalizada
Javier Monterroso, abogado y exfuncionario del MP, señala que el ente investigador usa como argumento para ocultar el salario lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se determinan circunstancias que las instituciones pueden utilizar para reservar esa información. Sin embargo, considera que esto desnaturaliza dicha ley.
Monterroso añadió que no hay un argumento válido para ocultar el tema salarial, debido a que el MP no es una institución que atienda asuntos de seguridad nacional.
A criterio del analista, una de las razones por las cuales el MP se niega a revelar esa información es porque recibirían críticas por parte de la sociedad. Esto se debe a que no serían equiparables con los resultados que el MP ha dado en persecución penal y resolución de casos, los cuales calificó como “lamentables”.
“Un salario exorbitante, como es el que parece tener la fiscal y su gente más cercana, no sería aceptable para la población. Según los datos extraoficiales que se tienen, la fiscal general gana más de Q116 mil, gana más que el presidente”, aseguró Monterroso.
Añadió que el salario actual de la fiscal general se habría duplicado si se hace la comparación 10 años atrás. Concuerda con Chic y Ortíz en que la nueva persona que releve a Porras debe promover la transparencia; por lo tanto, esos datos terminarán saliendo a la luz.
Durante la gestión de Porras al frente del MP, se han dado incrementos salariales y, en ocasiones, estos no han sido firmados por la fiscal general.
