Era martes 11 de septiembre de 2018. Patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) estaban desplegadas por varios puntos de Xela, en el occidente guatemalteco. Desde la madrugada había iniciado con un operativo para capturar a funcionarios de la municipalidad quetzalteca.

Alrededor del mediodía, el exalcalde Jorge Rolando Barrientos Pellecer, conocido como “Mito”, fue trasladado esposado a las carceletas del Centro Regional de Justicia y, detrás de él, su esposa, dos de sus hijas y su yerno, quienes también fueron capturados. 

“Estamos con usted, licenciado. El pueblo está con ustedes”, ¡Vamos, doctor Barrientos! ¡Dios está con usted, doctor! ¡Esto es un show!”, gritaban personas que llegaron a los tribunales y le aplaudían en señal de apoyo.

Según la investigación fiscal, durante el gobierno de Barrientos, los exfuncionarios y empresarios de la construcción cometieron fraude con 135 contratos por Q73 millones, de los cuales obtuvieron más de Q20 millones en coimas.

Virginia Laparra, fiscal con una trayectoria de más de 10 años, era la encargada en ese entonces de la FECI en Quetzaltenango, que también cubría casos de San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán. Lo que no imaginaría en aquel momento que lideró esa investigación es que cuatro años después terminaría siendo ella la criminalizada y que los imputados en el caso serían puestos en libertad.

El proceso contra el exalcalde fue uno de los casos de impacto que investigó la FECI de Quetzaltenango, en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fueron 22 órdenes de captura y 10 citaciones contra concejales, síndicos, empresarios  y otros trabajadores municipales. Ahora, ocho años después, el Sistema Informático y Técnico del MP no registra casos por corrupción en esa sede fiscal. 

Las oficinas de la FECI y la CICIG en Quetzaltenango funcionaron a partir de 2016, cuando Thelma Aldana era la fiscal general. En octubre de 2018, ya con Consuelo Porras al frente, decidió suspender las funciones de la Comisión porque no se renovaron las visas de los trabajadores de la CICIG y era escaso el personal. 

En agosto de ese año, el presidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, jefe de CICIG, y luego cesó el acuerdo que había para trabajar en conjunto con la entidad extranjera. Los casos en desarrollo pasaron a la FECI central.

Posteriormente, en enero de 2020, un juez de Mayor Riesgo clausuró el caso contra el exalcalde y demás funcionarios porque concluyó que no existían los indicios suficientes para continuar con el caso. Esta decisión llegó después de más de tres meses de audiencias en donde se presentaron las evidencias que tenía el MP.  

Fue hasta agosto de 2020 que Porras anunció el reinicio de funciones de la FECI en Quetzaltenango para “dar continuidad a las investigaciones y persecución penal de casos considerados de relevancia y alto impacto social”.

A pesar del anuncio, los datos reflejan lo contrario en el trabajo de la FECI de Xela. 

eP Investiga solicitó detalles de los casos que ha atendido esta oficina desde su creación y las estadísticas evidencian el declive tanto en la cantidad de casos que ingresaron a esa unidad como en la cifra de investigaciones iniciadas por año. De tener hasta ocho casos en investigación en 2018 bajó a solamente dos en 2024. Lo más crítico, según los datos oficiales, ocurrió en 2025 donde no se reportó ni una sola investigación.

De 2010 a 2025 recibieron 172 casos y de estos registran sólo una sentencia, pero hay 11 desestimaciones solicitadas solo en 2023.

Los años en que más recibieron denuncias fueron 2016 y 2019, con 15 cada uno, y en 2023 atendieron 30 casos. Se consultó al departamento de Prensa del MP sobre la ausencia de casos en el año 2025, pero no hubo respuesta.

Y aunque oficialmente fue inaugurada en 2016, el departamento de Información Pública del Ministerio Público dice que tienen denuncias ingresadas desde 2010 y en investigación desde 2014. 

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, menciona que estos datos no reflejan la realidad del trabajo de la entidad, ya que cuando estaba a su cargo se reportaron más sentencias. Da como ejemplo la sentencia de dos exfuncionarios de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango: Marvin Calijau y Óscar Chan, a quienes un tribunal los condenó a tres años y cuatro meses de prisión conmutables. 

En 2025 se registró una sentencia. Fue por otro caso en la municipalidad de Xela en el que ocho concejales fueron condenados a tres años de prisión conmutables por incumplimiento de deberes, luego de autorizar mejoras en locales construidos en una propiedad municipal. Este hecho fue por una investigación que se realizó desde años en los que Sandoval estaba de jefe en la FECI.

También se consultó al MP por qué no están registradas estas otras sentencias en casos de la FECI, pero no respondieron.

La persecución de Virginia Laparra

Sandoval hace mención de otro caso, el de René Arturo Villavicencio, un exfutbolista y funcionario del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), sentenciado en dos ocasiones por la FECI: el primer caso por extorsión y el otro por tráfico de influencias y lavado de dinero.  

En 2017 fue beneficiado con una condena reducida porque llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con la FECI. Era acusado de extorsionar a una funcionaria, a quien le exigía dinero a cambio de entregarle información de la FECI y de la CICIG. 

En el segundo caso, Villavicencio aceptó su culpabilidad de facilitarle información al exalcalde Barrientos, quien le pagó Q400 mil por los datos de las investigaciones que existían en su contra. 

Estos dos casos los llevó la fiscal Laparra. 

Con la llegada de Porras al MP en 2018, organizaciones internacionales identifican un patrón de persecución contra operadores anticorrupción, que se agravó en 2021 y 2022. Uno de los casos fue el de la jefa de la FECI de Xela. 

El 23 de diciembre de 2022, la Fiscalía de Asuntos Internos del MP llegó a capturar a Laparra cuando salía de su oficina, en la zona 7 de Quetzaltenango. Al menos dos patrullas la esperaban para detenerla. Ese fue el inicio de un proceso que duró más de dos años. 

Estuvo en prisión hasta el 3 de enero de 2024, a pesar de las constantes peticiones para salir de prisión, ya que el delito por el que fue capturada podía ser conocido de manera administrativa. 

En el primer caso en su contra fue señalada de abuso de autoridad y condenada a cuatro años conmutables. El segundo fue por revelación de información confidencial. Este deriva de una denuncia que presentó el exjuez y ahora relator contra la tortura, Lesther Castellanos, quien refirió que Laparra dio información sobre un acuerdo de colaborador eficaz en una audiencia realizada el 4 de julio de 2017, la cual fue pública.

Se trataba del proceso legal en contra del exfutbolista René Villavicencio.

Castellanos dijo que encontró una nota del 5 de julio de 2017 en el medio elQuetzalteco de Prensa Libre, en la que se dio a conocer la suspensión de la audiencia. Fue ahí cuando decidió denunciar porque supuestamente se hizo pública la información que estaba bajo reserva.

En el juicio que se realizó contra Laparra por este hecho, uno de los testigos “clave” del MP fue Villavicencio, quien años atrás se declaró culpable y luego era quien testificaba contra la fiscal que llevó su proceso. 

El 8 de julio de 2024, Laparra fue sentenciada a cinco años de prisión conmutables en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango. Permanecía con arresto domiciliario, pero luego de enfrentar los dos procesos, salió del país y declaró que su exilio era para preservar su vida. 

De investigar a criminalizar

Luego de Laparra, en julio de 2022 asignaron a Lázaro Pirir para dirigir la FECI en Xela, pero en noviembre de 2023, Porras lo destituyó a pesar de dirigir casos de alto impacto.  Actualmente, es Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, quien también tiene a su cargo la sede en occidente. 

Según el exfiscal Sandoval, lo que pasó en la FECI en Xela no es un caso aislado, sino el resultado de decisiones de Porras que Curruchiche ejecuta para debilitar las investigaciones. Según él, también obligaron a fiscales a renunciar, destinaron personal sin las capacidades para trabajar en esa sede y los casos fueron retenidos o congelados. 

El periodo de Porras finaliza el próximo 16 de mayo y el proceso para elegir a su sucesor avanza. Este viernes 20 de febrero concluye el plazo para la recepción de expedientes, pero sectores ciudadanos, sociedad civil y vecinos organizados exigen transparencia y la elección de una persona idónea, que responda a la necesidad de los guatemaltecos y no trabaje únicamente para darle impunidad a exfuncionarios como creen que lo ha hecho Porras. 

Thelma Suchí es integrante de la Comisión de Auditoría Social de la Municipalidad de Quetzaltenango y enfatiza que como agrupación han identificado casos de corrupción en la administración local actual, pero como asamblea decidieron no denunciar porque el MP no hace su trabajo de investigar. 

Agrega que incluso como parte de la Comisión se ha dado a conocer y es latente el temor y riesgo a ser criminalizados por investigar corrupción. 

“Desafortunadamente, Virginia Laparra está en el exilio y desde ahí a la fecha, aunque se tenga constancia de actos de corrupción en las instituciones gubernamentales, muchos colectivos, redes y comisiones de transparencia ya no llevan los casos a la FECI porque sabemos que no le dan seguimiento”, se lamenta.