Porras presenta como resueltos los casos que en realidad fueron desestimados o archivados bajo el modelo de Gestión Integral de Casos (GIC) y remarco que con esto se redujo la mora fiscal. Este obliga a los agentes fiscales a procesarlos en un plazo de 30 días, lo cual, como han señalado investigaciones periodísticas y estudios independientes, es insuficiente para recopilar y analizar evidencias, solicitar información a diferentes instituciones y hacer las investigaciones necesarias. 

La fiscal general aseguró que el MP resuelve un 98 por ciento de los casos nuevos que recibe, citando un informe presentado por la misma institución que dirige. Esto contrasta con los análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que observó una evidente manipulación en los datos.

Según la investigación del INECIP, entre el 2024 y el 2025, el MP desestimó el 74.44 por ciento de los casos y archivó un 27.69 por ciento de los que ingresaron. La cifra de desestimaciones supera incluso a la de ingresos, ya que de esta forma se han depurado casos de años anteriores.

Otro estudio, presentado por la Convergencia por los Derechos Humanos, evalúa el primer período de Consuelo Porras (2018-2022) con una efectividad del 9.55 por ciento, la más baja de la historia del MP. 

Las nuevas fiscalías

La fiscal también mencionó la apertura de más sedes fiscales –pasando de 174 en el 2018 a 693– y de nuevas unidades especializadas. Sin embargo, esto no volvió la justicia más accesible ni más eficiente para la población. 

De acuerdo a una investigación de Plaza Pública, la creación de estas fiscalías se hizo de manera arbitraria, sin estudios que justifiquen su existencia. Las sedes municipales abiertas en el mandato de Porras funcionan con recursos mínimos, con poco personal y con agentes que en muchos casos fueron trasladados de otras fiscalías, lo cual provocó el debilitamiento de las mismas.

Su gestión evidencia también un patrón de instrumentalización de los recursos y facultades del MP a favor de intereses privados. El INECIP también retrata que la Fiscalía Especializada Contra los Delitos de Usurpación, inaugurada en el 2021, ejecuta órdenes de desalojo basadas en testimonios inconsistentes contra comunidades indígenas. Las diligencias se realizan sin notificar previamente a las personas y sin ofrecer garantías de reasentamiento dignas, haciendo uso de una violencia desmedida.

La Fiscalía de Delitos Contra los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, promocionadas por Porras como ‘’fortalecidas’’, fueron desmanteladas para servir a otros propósitos. Mediante traslados y designaciones en puestos clave, ambas son utilizadas ahora para criminalizar a operadores de justicia y periodistas. 

Defiende su gestión

En la entrevista, Porras fue cuestionada por la comisionada Alicia del Carmen Franco Flores, quien le pidió explicar por qué cree reunir las condiciones para continuar en el cargo, a pesar del rechazo de la población hacia su gestión.  

Porras defendió su administración replicando que este rechazo es cuestión de ‘’percepción’’.

‘’El marco de actuación del Ministerio Público actual es una realidad’’, aseguró. ‘’Va a resultar siempre obvio que las personas que son sometidas a una investigación y persecución penal jamás van a estar de acuerdo con la actuación del MP’’. Indicó que el 95 por ciento de las personas están satisfechas con el funcionamiento del MP. Sin embargo, no hay fuentes públicas que corroboren este dato. 

Se consultó al departamento de Prensa del MP sobre la fuente de ese dato que dio la fiscal a los comisionados, pero no hubo respuesta.

‘’En mi caso siempre se han cumplido con todos los requisitos de idoneidad, capacidad, honorabilidad para desempeñar el cargo’’, insistió. A pesar de contar con todas las constancias –emitidas por instituciones guatemaltecas— que la declaran libre de infracciones, sus afirmaciones contradicen las sanciones que acumula por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido, Colombia y por la Unión Europea y, por las cuales, Porras está vetada en al menos 44 países.

En el proceso de elección de fiscal para el período 2026-2030, Porras recibió 33 señalamientos de la población guatemalteca. Autoridades indígenas, operadores de justicia exiliados, activistas y organizaciones civiles objetaron su participación y pidieron a la Comisión de Postulación no reelegirla.

Porras también afirmó que su gestión ha sido objetiva, sin ningún criterio de selección. Sin embargo, durante sus ocho años de gestión hay ausencia de investigaciones de casos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei, su allegado Miguel Martínez y otros funcionarios, mientras sí se persigue a periodistas y operadores de justicia, lo que refleja cuáles son las prioridades del MP.