El orden del día contemplaba la lectura de nueve nuevas iniciativas de ley, entre ellas la Ley de cierre técnico y recuperación ambiental de hidrocarburos relacionada con el próximo fin del contrato con la empresa Perenco. También, la controvertida Ley de Agilización de la Inversión Pública, que permitiría contrataciones directas sin licitación por tres años para entidades con proyectos considerados “estratégicos”, la cual fue expuesta ayer por eP Investiga.

“Cheque en blanco” y falta de transparencia

El diputado Julio Héctor Estrada calificó la iniciativa de agilización como “una ley de cheque en blanco”, advirtiendo que permitiría compras sin licitación en la mayoría de las instituciones públicas, incluyendo ministerios, municipalidades y en la Superintendencia de Administración Tributaria. “Esto es el equivalente a un estado de calamidad encubierto por tres años”, denunció.

Los diputados Cristian Álvarez, Mynor de la Rosa y José Chic coincidieron en señalar la baja productividad legislativa y la falta de compromiso de sus colegas. “Parece que hay diputados que creen que le hacen daño a la junta directiva o al presidente si no vienen a trabajar, pero a quienes dañan es al pueblo de Guatemala”, dijo Álvarez.

Álvarez también pidió retomar el impulso a una agenda en favor de los migrantes y cuestionó la ausencia de debates sobre temas como el DPI, el voto en el extranjero o la persecución que enfrentan connacionales en Estados Unidos.

Por su parte, de la Rosa lamentó que no se prioricen temas urgentes como la educación. “Más de 300 mil niños llevan cerca de 60 días sin clases. Estamos perdiendo raciones de alimento escolar en un país con altísima desnutrición”, dijo. Pidió retomar propuestas que fortalezcan la Ley de Alimentación Escolar y el sistema educativo en general.

Desde el oficialismo, la diputada Victoria Palala justificó la ley de agilización como una herramienta para enfrentar los bloqueos burocráticos. “El gobierno por fin ha llevado inversión pública a los territorios, pero estamos atados a una ley de compras obsoleta”, señaló, e invitó a fortalecer la fiscalización y la auditoría social.

La diputada Sonia Gutiérrez, por su parte, lamentó que el Congreso siga atrapado en disputas partidistas que impiden un verdadero debate legislativo. “Estamos cayendo en lo mismo que otras legislaturas. Solo cuatro decretos aprobados este año. Somos una vergüenza para el país”, dijo.

Los diputados del Movimiento Semilla, Juan Carlos Sanabria y Victoria Palala, presentaron una iniciativa de ley que modificaría profundamente las reglas del gasto público en nombre de “agilizar la inversión”. 

La propuesta permitiría ejecutar más de Q12 mil millones sin licitación, con menos controles y mediante pagos exprés a contratistas. La ley otorga amplias facultades a ministerios, municipalidades y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para adjudicar obras estratégicas sin procesos competitivos ni fiscalización efectiva.

Además, introduce mecanismos como la aprobación automática de proyectos si las instituciones no responden en plazos breves y eleva los montos permitidos para compras directas. Analistas advierten que la ley abre la puerta a prácticas discrecionales y clientelares en el uso de fondos públicos, sin garantías de calidad ni rendición de cuentas.

Cuestionan reforma a la Ley de Hidrocarburos en beneficio de Perenco

El diputado José Carlos Sanabria calificó de “maliciosos” los intentos por deslegitimar las iniciativas y acusó a opositores de desinformar. “La ley no es para Perenco, es para llenar un vacío legal”, insistió. Reiteró que Perenco se va el 12 de agosto y que el Ejecutivo no busca evitar ese cierre.

José Chic señaló que el Congreso “ha funcionado con una agenda decorativa”. También criticó que el Gobierno presentara la iniciativa de cierre técnico de Perenco a solo 15 días de vencerse el contrato. “¿Qué hicieron el Ministerio de Ambiente, el de Energía y el Conap desde abril de 2024?”, cuestionó.

El congresista Julio Héctor Estrada también alertó que la iniciativa de cierre técnico llega tarde. “El contrato con Perenco vence en 15 días. Esta ley no tendrá efectos prácticos. Sólo quieren limpiar su responsabilidad ante el Congreso”. Señaló que el Estado tendrá que pagar entre Q400 y Q500 millones por el abandono de instalaciones petroleras si no se planifica adecuadamente.

La diputada Victoria Palala defendió que la iniciativa de cierre técnico no busca prorrogar el contrato con Perenco, sino establecer un mecanismo para futuros cierres responsables. Dijo que lo presentado busca corregir los vacíos de una ley vigente desde 1983 que no contempla seguimiento ambiental tras la explotación petrolera.