La decisión fue adoptada el 13 de enero de 2026, cuando el Directorio aprobó la escala salarial para las siete autoridades máximas que son los tres directores titulares Javier Enrique Bauer Herbruger, Édgar Rolando Guzmán Fuentes y Jorge Mario González Paz; los tres directores suplentes Luis Guillermo Velásquez Pérez, Alfredo Skinner-Klee Sol y Jorge Alberto Santiago Chen Sam; y el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro, quienes devengarán Q75 mil mensuales cada uno, lo que significa más de medio millón de quetzales al mes.

En conjunto, la medida representa más de Q7.3 millones anuales únicamente en salarios de la cúpula. El pago fue autorizado con efecto retroactivo desde el 26 de agosto de 2025, un elemento que intensificó las críticas ciudadanas una vez que la información se hizo pública. A finales de enero los siete integrantes de ese directorio habrán devengado más de Q2 millones 600 mil.

Tras la publicación de la investigación de eP Investiga, usuarios en redes sociales cuestionaron el elevado monto de las remuneraciones, al considerar que resultan desproporcionadas frente al salario que gana la mayoría de guatemaltecos y al hecho de que la Superintendencia aún se encuentra en una fase inicial de operación, sin oficinas propias ni infraestructura completa.

De acuerdo con la información revelada, la Superintendencia de Competencia cuenta actualmente con alrededor de Q20 millones disponibles para su funcionamiento. En ese contexto, los salarios de las siete autoridades superiores concentran cerca del 40 por ciento del presupuesto anual, una proporción que fue duramente cuestionada tanto por ciudadanos como por integrantes del propio Directorio.

Guzmán: “Un salario de Q75 mil no atiende racionalidad económica ni eficiencia del gasto”

En paralelo al rechazo ciudadano, dos integrantes del Directorio se desmarcaron públicamente de la decisión. El director titular Édgar Guzmán a través de un hilo en redes sociales, informó que su voto fue en contra y que quedó razonado en acta, en aras, según dijo, de la transparencia en el ejercicio de su cargo.

“El 13 de enero, el Directorio aprobó por mayoría la escala salarial. Mi voto fue en contra”, escribió Guzmán, antes de detallar el impacto presupuestario de la decisión. “Son 7 cargos y representa más de Q7.3 millones al año, solo en salarios de autoridades superiores”, señaló.

Guzmán advirtió que, con los recursos actualmente disponibles, esa erogación “equivale a casi el 40 por ciento del presupuesto”, y subrayó que el riesgo aumenta para 2026 debido a la incertidumbre presupuestaria. “No atiende racionalidad económica ni eficiencia del gasto”, afirmó.

El director titular también cuestionó las prioridades institucionales en esta etapa inicial. “La Superintendencia aún no tiene oficinas ni equipos. En esta etapa incluso estamos trabajando en las oficinas de Pronacom por falta de espacio físico propio”, escribió.

Según explicó, propuso una escala salarial más baja y proporcional de Q55 mil para directores titulares, Q45 mil para suplentes y Q42 mil para el superintendente, más Q10 mil por gastos de representación, pero su propuesta “no fue acogida”. La decisión, añadió, se tomó “con el voto de la mayoría de titulares y el respaldo de viva voz de la totalidad de suplentes”.

Velásquez: “Presente contrapropuestas por debajo de Q75 mil”

El director suplente Luis Guillermo Velásquez afirmó en un hilo de redes sociales que, aunque no tuvo derecho a voto en la sesión, sí ejerció su derecho a voz para presentar contrapropuestas con salarios inferiores y solicitar una deliberación sustentada en escenarios presupuestarios y estándares internacionales. Según consta en el acta de la sesión, Velásquez se opuso a una diferenciación de salarios entre los titulares y suplentes.

“Presenté tres contrapropuestas por debajo de Q75 mil, con una brecha límite de 2.19 veces entre el monto máximo y el monto de las jefaturas y sin superar un rango de 60–80 por ciento para gastos de funcionamiento, como lo recomiendan los estándares internacionales”, escribió Velásquez.

Además, señaló que solicitó formalmente “enviar a deliberación la viabilidad de las escalas salariales con base en la información presupuestaria disponible y la literatura especializada aplicable”, petición que, según su versión, no fue atendida.

Velásquez se comunicó con eP Investiga el domingo por la noche, apenas 30 minutos después de que el reportaje fuera publicado para suscriptores, para cuestionar cómo el medio obtuvo copia de un documento que aún no había sido divulgado en la página oficial de la Superintendencia. Posteriormente, remitió a este medio copia escrita de su deliberación en la sesión del 13 de enero.

En el documento, el director suplente advirtió que, aunque el esquema aprobado es financiable en términos aritméticos, la concentración del gasto implica riesgos relevantes. “Las siete autoridades máximas concentran el 35.8 por ciento del presupuesto total y el 51 por ciento del gasto en servicios personales”, detalla el informe.

Velásquez concluye que, bajo estas condiciones, la institución corre el riesgo de iniciar operaciones “con alta formalidad jerárquica, pero con baja capacidad sustantiva, lo cual es inconsistente con el estándar de ‘capacidad efectiva’ recomendado en marcos internacionales”.