Toc Tzay, quien es señalado por los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, fue detenido el jueves cuando se dirigía a un servicio médico en Quetzaltenango. 

Castro informó que ayer se desarrolló la audiencia en la que se le hicieron saber los motivos de su detención, en la cual solicitaron que fuese internado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por su situación de salud, pero la petición no fue aceptada. 

“El Inacif mencionó que no era necesario, entonces lo recluyeron en el Sistema Penitenciario de Quetzaltenango y mañana (sábado) lo trasladan para Mariscal Zavala”, indicó Castro. 

El abogado mencionó que la situación de salud de Toc Tzay en este momento es estable, pero que necesita tratamiento de diálisis. 

“Esperaríamos que el Estado cumpla para que mañana se le proporcione (el tratamiento) y los días que les corresponde, según las indicaciones del médico”, dijo Castro. 

La orden de captura contra Toc Tzay fue emitida por el juez Mario Rodrigo Flores Maldonado del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, el mismo órgano jurisdiccional que emitió las órdenes de captura contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. 

Toc ocupó un puesto en la Alcaldía Indígena de Sololá en 2023, Junto a Misrahí Xoquic y Edgar Tuy, actual gobernador departamental de Sololá. 

Condenan captura 

Organizaciones se han posicionado en contra de la detención de Toc Zay, criticando las acciones del Ministerio Público (MP) contra líderes indígenas que participaron en las manifestaciones de 2023. 

“Nuestra solidaridad con don Esteban Toc Tzay y su familia y nuestro repudio por estas acciones de racismo, discriminación, criminalización por el ejercicio de los derechos de nuestros pueblos”, indicaron las Autoridades Indígenas y Ancestrales en un comunicado. 

Además, pidieron al presidente Bernardo Arévalo una “actuación contundente” contra la persecución penal en contra de líderes indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. 

En tanto la Alianza por las Reformas publicó un pronunciamiento en el que rechazan la criminalización al ejercicio de la libre asociación y manifestación por parte de los pueblos indígenas, además exigieron al sistema de justicia el respeto al derecho de defensa y el debido proceso.