El análisis fue presentado por el Icefi en una nota técnica divulgada este 10 de agosto, mientras el decreto permanece pendiente de sanción o veto por parte del Organismo Ejecutivo.

El Instituto reconoce que era necesaria una reforma a la Ley del IUSI, Decreto 15-98, particularmente para actualizar los rangos de valores imponibles, atender los casos en los que el impuesto pueda afectar la capacidad de pago de determinados contribuyentes y evitar abusos contra personas con deudas tributarias.

Sin embargo, advierte que la reforma aprobada por el Congreso presenta problemas de técnica legislativa, justicia tributaria, impacto fiscal y transparencia en la información municipal.

Falta de estudios técnicos

Una de las principales críticas del Icefi es que durante el análisis y aprobación de la iniciativa 6709, que posteriormente se convirtió en el Decreto 18-2026, no se realizaron los estudios técnicos necesarios ni se solicitaron dictámenes y opiniones a las entidades responsables de la aplicación de las normas.

Entre las instituciones que, según el Icefi, debieron ser consultadas se encuentran el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las municipalidades.

El Instituto considera que esta omisión se refleja en las debilidades técnicas que contiene el decreto aprobado y advierte que, si no son corregidas, podrían generar impactos negativos, injusticias y dificultades para la aplicación de las nuevas disposiciones.

El Icefi ya había recomendado en abril de 2026 que cualquier reforma tributaria con impacto fiscal estuviera respaldada por estudios técnicos y por las opiniones de las entidades rectoras de la materia.

El análisis también cuestiona la estructura impositiva contenida en el decreto, al considerar que beneficia principalmente a los propietarios de viviendas, incluidas las de alto valor.

Para el Instituto, estos aspectos debieron ser abordados mediante una reforma diseñada con mayor rigor técnico, de manera que los beneficios y costos de las modificaciones fueran evaluados de forma integral.

Impacto en finanzas municipales

Otro de los problemas identificados es la ausencia de un análisis adecuado del impacto fiscal que tendrá la reforma.

El Icefi considera necesario determinar la importancia que tiene actualmente el IUSI dentro de los ingresos de cada municipalidad, así como calcular con precisión cuánto podría reducirse la recaudación del impuesto y cuánto representarían los ingresos adicionales derivados de asignar a las municipalidades el timbre fiscal aplicable a los contratos de segunda y sucesivas compraventas de bienes inmuebles.

Según el Instituto, estos cálculos son indispensables para determinar el impacto neto de la reforma sobre las finanzas de cada municipio.

También señala problemas de opacidad fiscal en los registros contables municipales, debido a que no existe una desagregación detallada de la recaudación del IUSI que permita conocer con precisión el comportamiento de estos ingresos.

Aspectos positivos 

El Icefi reconoce como un aspecto positivo que la reforma elimina situaciones en las que el impuesto vigente podría estar afectando la capacidad de pago de determinados contribuyentes, entre ellos jubilados y personas que mantienen créditos hipotecarios.

También señala como algo positivo la disposición aprobada para evitar abusos de algunas municipalidades contra contribuyentes morosos del IUSI, entre ellos la suspensión de servicios públicos esenciales.

Recomiendan vetar el decreto

Ante las deficiencias identificadas y debido a que el Congreso ya trasladó el Decreto 18-2026 al Organismo Ejecutivo, el Icefi plantea como primera opción que el presidente Bernardo Arévalo ejerza su facultad de veto, contemplada en el artículo 178 de la Constitución.

El Instituto considera que, mediante las observaciones correspondientes, el mandatario puede exponer de manera razonada los resultados de una evaluación técnica y recomendar al Congreso la aprobación de un nuevo decreto que corrija las deficiencias y tenga un adecuado sustento técnico.

Una segunda posibilidad, señala el Icefi, sería que el Ejecutivo sancione el decreto o que, después de un veto presidencial, el Congreso lo rechace mediante la primacía legislativa contemplada en el artículo 179 constitucional.

En ese escenario, el Organismo Ejecutivo o cualquier otra instancia con iniciativa de ley podría presentar una nueva propuesta para corregir las disposiciones cuestionadas, esta vez con estudios y fundamentos técnicos adecuados.

El Icefi insistió en que las reformas tributarias no deben responder a criterios de “populismo fiscal”, sino diseñarse con rigor técnico y apego a los principios de justicia tributaria y legalidad.

El Instituto sostuvo que, en este tipo de decisiones, debe prevalecer el interés nacional y el bien común por encima de intereses político-partidarios o electorales.