Mientras 11 de los 13 integrantes de la Corte sostienen que las declaraciones públicas del togado son “falsas” y afectan la confianza en el sistema de justicia, Cárdenas afirma que existe un intento de restringir la libertad de expresión, e incluso de promover acciones en su contra por expresar sus opiniones.

Cárdenas concedió una entrevista publicada el 8 de julio por Prensa Libre, en la que habló sobre la existencia de “bloques” dentro de la Corte y cuestionó algunas decisiones administrativas. Además, Cárdenas aseguró que las decisiones que toma la CSJ se acuerdan en reuniones previas.

El 15 de julio, la CSJ respondió mediante un comunicado aprobado con el voto favorable de 11 de sus 13 magistrados, en el que calificó sus declaraciones de “falsas” y aseguró que “no reflejan la realidad institucional” del Organismo Judicial. 

El tema no quedó en un intercambio de pronunciamientos, pues diez magistrados del bloque mayoritario de la CSJ, que encabeza la magistrada Claudia Paredes, emitieron un oficio en el que ordenan al departamento de Asesoría Jurídica que analice las declaraciones de Cárdenas y determine si se debe certificar lo conducente contra el magistrado por dar declaraciones a la prensa. 

“Determinar si estas acusaciones infundadas rebasan el disenso legítimo y si hay alguna conducta que amerite ponerse de conocimiento de las autoridades competentes para su investigación y demás efectos legales que se consideren pertinentes”, señala el acta de la CSJ.

Días después, Cárdenas difundió un pronunciamiento en el que respondió, uno por uno, los siete apartados del comunicado de la CSJ y centró buena parte de sus argumentos en defender su derecho a expresarse públicamente.

La postura de la CSJ

En el sexto apartado del comunicado, la mayoría de la CSJ reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero sostiene que los magistrados tienen deberes adicionales derivados del cargo que desempeñan.

“La alta investidura que ostentan quienes integran esta Corte impone un estricto deber ético y la obligación de actuar con seriedad, prudencia y responsabilidad al referirse públicamente al funcionamiento interno de la institución”, señala el documento.

La CSJ agrega que “utilizar un cargo de tan alta investidura para difundir señalamientos falsos y maliciosos es reprochable y no contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Además, afirma que las declaraciones de Cárdenas buscan “instrumentalizar desacuerdos administrativos ordinarios para fabricar crisis institucionales inexistentes”, lo que, según el pleno, termina dañando “la confianza que el pueblo de Guatemala debe tener en su sistema de justicia”.

Cárdenas: “Pretenden limitar mi derecho”

El magistrado rechazó esa interpretación y respondió que el comunicado pretende atentar contra su derecho a la libertad de expresión.

“En este se pretende limitar, restringir y condicionar mi irrestricto derecho a la libre expresión del pensamiento, bajo el argumento del alto cargo que hoy se ejerce; pero es precisamente este el que hoy me compele a hacerlo”, afirma en su pronunciamiento.

Añade que ese derecho está protegido tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala. “Una simple mayoría no tiene absolutamente nada que decir al respecto, por no estar en la esfera de sus competencias”, sostiene.

Otro de los puntos de confrontación es el argumento de la Corte de que las declaraciones del magistrado afectan la credibilidad del sistema de justicia. Cárdenas responde que esa confianza no depende de comunicados institucionales, sino de la actuación diaria de los jueces.

El pronunciamiento de Cárdenas concluye con una defensa de su decisión de continuar pronunciándose sobre asuntos internos de la Corte. “Continuaré ejerciendo mi derecho a expresarme con toda la libertad que me asiste”, indicó.

Las diferencias entre Cárdenas y el resto de magistrados se han dado desde que la CSJ decidió hacer nombramientos en Salas de Apelaciones sin pasar por el Congreso de la República. El magistrado cuestionó esa decisión, que finalmente fue avalada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Además, Cárdenas fue trasladado recientemente de la Cámara de Amparo y Antejuicio a la Cámara Civil, situación a la que se opuso presentando una acción de amparo ante la CC, pero esta fue rechazada.