En un comunicado, la Anam indicó que reconoce la necesidad de actualizar una normativa que ha permanecido vigente por casi tres décadas; sin embargo, expresó su preocupación por la forma en que fue aprobada la reforma, al señalar que no tomó en cuenta la participación de las municipalidades.

La asociación afirmó que la reducción de los ingresos provenientes del IUSI afectaría especialmente a más de 50 municipalidades que dependen en gran medida de ese impuesto para financiar su funcionamiento y la prestación de servicios públicos.

Según la Anam, los recursos recaudados por el IUSI permiten costear servicios como agua potable, drenajes, limpieza, mantenimiento de aceras y caminos, además de contribuir al pago de personal de enfermería y maestros, por lo que una disminución en esos ingresos comprometería la continuidad de estas acciones.

Asimismo, sostuvo que la autonomía municipal depende de contar con independencia financiera y señaló que el propósito del IUSI ha sido fortalecer la capacidad económica de los gobiernos locales, reduciendo su dependencia del situado constitucional y de fondos extraordinarios.

En ese contexto, la organización aseguró que los municipios con una mayor cultura de pago del IUSI son también aquellos que registran mayores niveles de inversión en obra pública y mejores servicios, lo que, a su criterio, favorece el desarrollo económico local.

Ante ese escenario, la Anam hizo un llamado al Congreso de la República para instalar, “a la mayor brevedad”, una mesa de trabajo con participación de las municipalidades, con el objetivo de discutir un modelo de financiamiento que garantice recursos suficientes para los gobiernos locales sin afectar el desarrollo de las comunidades ni la prestación de los servicios públicos.

El Congreso aprobó este miércoles el Decreto 18-2026, que reforma la Ley del IUSI y elimina el pago de este impuesto para las viviendas de uso residencial. En el caso de los inmuebles para uso comercial, las tasas del impuesto quedaron entre tres y nueve por millar.