Se trata de la Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización (UERD), que tendría un mandato transitorio para revisar de oficio cada uno de los expedientes que han sido denunciados como casos de criminalización en Guatemala. Además, la UERD también tendría como fin restituir los derechos de las víctimas y el retorno seguro de los exiliados. 

Esta propuesta surgió tras la llegada de Gabriel García Luna como fiscal general, quien luego de asumir el cargo anunció la creación de una comisión especial para revisar los expedientes de las personas que fueron perseguidas durante la gestión de Porras en el MP. 

El documento presentado por el Vance Center y por Dilemas de Fondo, expone el contexto en el cual se dio la criminalización en Guatemala, señalando que esta práctica se dio debido al uso que se le dio al MP como un instrumento de persecución política y garantía de impunidad, desviándose de sus mandatos de objetividad y legalidad, argumentado estos dichos en informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades.

“Ante una falla de esa naturaleza y magnitud, una respuesta dispersa o caso a caso resulta jurídicamente insuficiente. Se requiere una instancia con mandato, metodología y recursos propios”, argumentan las organizaciones en el documento. 

Además, indicaron que los grupos más afectados por ese contexto de criminalización que se dio entre los años 2018 y 2026 fueron jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, periodistas, legisladores, estudiantes, docentes, líderes indígenas, campesinos y sindicalistas. 

Las organizaciones señalan que las dos elecciones de Porras como fiscal general –2018 y 2022– fueron un punto de inflexión que consolidó al MP al servicio de grupos de poder. 

Funcionamiento de la UERD 

Afirmaron que la UERD no busca generar impunidad ni sustituir funciones judiciales, sino corregir el uso ilegítimo del poder penal mediante criterios objetivos. Sus funciones principales incluyen la revisión de oficio o a petición de parte de los procesos iniciados entre 2018 y 2026.  

Además, se establecen parámetros para identificar casos de criminalización, como múltiples denuncias, expedientes bajo reserva judicial injustificada, acusaciones sin fundamento, el abuso de la prisión preventiva, procesos prolongados y la asignación irregular de jueces. 

En ese sentido, indicaron que la UERD priorizará casos de personas privadas de libertad o exiliadas, personas que estén en libertad pero con órdenes de captura vigentes, comunidades bajo riesgo de desalojo, persona con cualquier otro bien jurídico en riesgo y personas con otras medidas precautorias distintas a la prisión preventiva. 

La creación de la UERD se basa en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en la Ley Orgánica del MP y en varios instrumentos internacionales suscritos por el Estado guatemalteco. 

Creación de la UERD

Las organizaciones proponen que la UERD sea creada en un plazo mínimo de cinco años y que se garantice su autonomía funcional frente a fiscales o personas políticas. Además, se busca que esta unidad genere informes públicos de manera trimestral. 

También se busca que la UERD tenga una coadyuvancia activa, es decir, que los defensores de las víctimas puedan aportar pruebas. Además de que esta tenga un presupuesto específico y un equipo técnico calificado asignado. 

La propuesta también menciona que esta unidad habilite canales de denuncia, que se proteja a informantes y que se investigue a funcionarios que participaron en los casos de criminalización. 

Una propuesta positiva 

A criterio de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la propuesta del Vance Center y Dilemas de Fondo es positiva y aseguró que comparte el objetivo de buscar mecanismos institucionales para identificar, revisar y poner fin a los casos de criminalización en Guatemala, asegurando que lo que se vio en los últimos años en el país fue de una dimensión estructural. 

No obstante, señaló que hay varias situaciones que deben ser valoradas, como lo es el tiempo que llevaría la creación de esta unidad. 

“Si hay personas privadas de libertad sometidas a procesos penales, con órdenes de captura o quienes estamos en el exilio, el tiempo es fundamental. Crear una estructura nueva supone acuerdos, selección, traslado de personal, asignación de presupuesto, instalaciones, procedimientos, traslado y revisión de expedientes, entonces ¿cuánto tiempo más va a tomar eso? Se le va acabar el tiempo al fiscal”, dijo Sandoval. 

Además, Sandoval indicó que puede suponer un riesgo concentrar todos los casos de criminalización en una sola unidad, tal y como fue ocurriendo cuando dirigía la FECI. 

“Lo que nos pasó en la antigua FECI, teníamos los casos más importantes de corrupción y de redes políticos criminales en su momento, salvo los casos de justicia transicional, ahí estaban los casos más importantes. Entonces, si bien es cierto, concentrar produjo capacidades, metodología, etcétera, pero para quienes trabajamos en la fiscalía, éramos un objetivo claramente identificable”, afirmó.

En ese sentido, Sandoval afirmó que la creación de esa unidad podría provocar riesgos similares a los que enfrentó la FECI. 

Se consultó al MP si hay algún avance en la creación de la comisión que sería la encargada de revisar los casos de criminalización e indicaron que ese proceso se encuentra en desarrollo, sin dar aún mayores detalles.