El informe fue elaborado bajo la dirección de Carlos Martín Beristain y con el apoyo institucional de Casa Centroamérica. Además, contó con Sonja Perkic-Krempl, Kelsey Alford-Jones y Liliana Rincón como parte del equipo de documentación.
Según el documento, entre los años 2014 y 2025 al menos 104 personas se vieron forzadas a salir al exilio. Uno de los primeros casos documentados fue el de la exfiscal general, Claudia Paz y Paz en el año 2014.
Además, se resalta que a partir de 2019 se empezó un aumento en los casos de exilio en el país, alcanzando su punto más alto en el año 2023, cuando se documentaron un total de 40 salidas al exilio, según el informe.
Entre los exiliados, el mayor número es de operadores de justicia, seguido de periodistas, extrabajadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pueblos indígenas, abogados y estudiantes.
Dicho informe también evidencia patrones y mecanismos que se han utilizado para criminalizar a personas, entre estas las denuncias por hechos que no son constitutivos de delito, la limitación en el acceso a los expedientes penales, la utilización de la reserva en los casos, el uso excesivo de la prisión preventiva y la coordinación que de la Fiscalía con los querellantes.
“El 93 por ciento de la totalidad de los casos documentados que presentan estos patrones se concentran en el periodo correspondiente a la gestión de la fiscal general Consuelo Porras”, indica el informe.
Familiares de personas en el exilio estuvieron presentes en el acto, mientras que un grupo de personas que aún no han regresado al país estuvieron presentes mediante una videollamada.
La actividad contó con la presencia de la exfiscal Paz y Paz, así como de otras personas que estuvieron en el exilio, pero que ya han regresado al país.
El costo del exilio
Durante la presentación del informe, Carlos Beristain señaló que el exilio trae un coste para quienes lo sufren, como lo es el empeoramiento de las condiciones de salud, secuelas del estrés y problemas psicológicos.
“Mucha gente en el exilio sigue necesitando atención psicosocial y esa es una de las demandas para los procesos de acompañamiento de retorno”, indicó Beristain, agregando que estas personas también se ven afectadas por sentimientos de ansiedad y culpa.
Además, aseguró que el exilio tiene un impacto social, en la justicia y en los derechos humanos. Y mencionó también como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y periodistas también fueron afectados por esa situaciones.
Beristain mencionó un término al que llamó “insilio”, que trata sobre el impacto que tuvo el exilio en los familiares de las víctimas.
“Hemos tratado de construir una visión global de lo que eso significa”, dijo Beristain.
Las recomendaciones
Gabriel Wer, director ejecutivo de Casa Centroamérica, señaló que con la presentación de este informe ante el presidente Arévalo, se espera que desde el Ejecutivo se pueda avanzar de manera urgente por las recomendaciones que en este se han planteado.
“También creemos que es importante llevar este informe no solo al Gobierno de Guatemala, sino también a otras instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República y lograr que se difunda lo más posible este gran esfuerzo”, dijo Wer.
Las recomendaciones del informe van en el sentido de que en el mediano y corto plazo desde el Estado se apliquen medidas orientadas a atender necesidades y obstáculos actuales identificadas en el informe.
En ese sentido, se recomienda que el Estado reconozca el problema del exilio públicamente, que hayan proceso de descriminalización, para lo cual recomiendas que se establezcan mesas de trabajo y que con criterios legales objetividad, se dé paso a desvanecer dichos procesos penales que se iniciaron.
El presidente Arévalo indicó que hay una comisión que trabaja en la atención de los diferentes casos de personas que están en el exilio y que esa mesa de trabajo actúa “de cerca con el presidente”.
Arévalo dijo también que él es un “hijo del exilio”, debido a que su familia, por razones políticas, tuvo que buscar refugio en otros países durante al menos 20 años.
