Pacheco y Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, guardan prisión preventiva desde abril de 2024, acusados por los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, debido a su participación en las protestas pacífica de 2023 para defender los resultados electorales.

Juan Castro, abogado defensor de Pacheco y Chaclán, indicó que a pesar de que la Sala no dio por acreditado ninguno de los hechos señalados por la FCT en la recusación, decidió por “sanidad procesal” cambiar de juez, debido a que existe mínima duda sobre su imparcialidad. 

Castro señaló que les llamó la atención que la Sala haya nombrado como juez a Orellana, quien también tendría impedimento para conocer el caso. 

“En las protestas que se realizaron en 2023 el juez Orellana fue señalado por las Autoridades Indígenas. Nosotros entraremos a analizar si también existen las mínimas dudas de imparcialidad del juez Orellana de seguir conociendo el caso”, dijo Castro. 

A criterio del abogado, esto complica la situación de Pacheco y Chaclán debido a que no confían en un juez que ha sido señalado en múltiples ocasiones. 

Además, Castro recordó que las elecciones de 2023 se pusieron en riesgo por decisión del juez Orellana. “Entonces, ¿cómo vamos a confiar en la imparcialidad de él?”, comentó. 

Rosa Pacheco, hermana de Luis, cuestionó que a pesar de que no se presentaron pruebas relacionadas a la recusación, la Sala haya trasladado el caso al juez Orellana. “Esperamos en Dios que la objetividad al fin aparezca”, dijo. 

En este caso, también están siendo procesados Esteban Toc y Basilio Puac, quienes fueron beneficiados con medidas sustitutivas.

Exigen libertad

Previo al inicio de la audiencia, las Autoridades Indígenas brindaron una conferencia de prensa en la que exigieron libertad para Pacheco y Chaclán y que el proceso avance sin más dilaciones. 

En el pronunciamiento, señalaron que la recusación que se planteó carece de fundamento y tiene como único objetivo retrasar de manera maliciosa el avance del expediente, manteniendo a Pacheco y Chaclán en prisión preventiva. 

Las autoridades indígenas afirmaron que no solicitan privilegios, sino el cumplimiento estricto de la ley, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en particular el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con pleno respeto al debido proceso.