La exposición estuvo a cargo de Astrid García, directora de Asuntos Jurídicos de la Usac, quien en esa sesión actuó como secretaria general en funciones. García explicó que la elección de Mazariegos fue aprobada previamente por el Cuerpo Electoral Universitario y por el propio CSU, el cual responde a los intereses del rector.
Durante su intervención, García afirmó que la explicación respondía a lo que calificó como “desinformación” que ha circulado en medios de comunicación y mencionó artículos de la Ley Orgánica de la Usac relacionados con los requisitos para ocupar la rectoría.
Según expuso, el artículo 27 de esa normativa establece que los únicos requisitos para ser rector son ser originario de Centroamérica, estar titulado e incorporado en alguna de las facultades de la universidad, haber ejercido la docencia universitaria durante al menos cinco años, encontrarse en el goce de sus derechos civiles y ser del estado seglar.
La secretaria general sostuvo que esos requisitos fueron verificados por el Cuerpo Electoral Universitario y remarcó que la legislación no contempla la obligación de presentar un finiquito.
“Para el cargo de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala es inexigible el finiquito, conocido de forma pública como la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos por parte de la Contraloría”, afirmó.
García argumento que su interpretación tiene respaldo en los procesos anteriores de elección de rector. “Con todos los rectores de la Usac no se ha solicitado el finiquito. Esto es documentado y verificable a través de los distintos puntos emitidos por el CSU en cada uno de los períodos rectorales”, aseguró.
No obstante, en 2018 el exrector de la Usac, Murphy Paiz, publicó en sus redes sociales que había recibido el finiquito de parte de la Contraloría e incluso aseguró que con ese documento ya tenía completado su expediente.
García agregó que la obligación de presentar esa constancia sí está prevista en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para cargos de elección popular, pero no para la rectoría de la Usac.
Lo que dice la Ley de Probidad
El artículo 16, inciso b), de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos establece que no podrán optar a cargos o empleos públicos quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no tengan el finiquito vigente, documento que es extendido por la Contraloría.
Además, el artículo 14, inciso e), indica que la verificación y el cumplimiento de dicha ley también corresponde a autoridades nominadoras y de los distintos organismos del Estado, municipalidades y sus empresas, así como entidades descentralizadas y autónomas.
Mientras que el inciso d) del mismo artículo indica que la Contraloría es la responsable de la fiscalización de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas. La ley no menciona que existan entidades específicas o autónomas que no estén sujetas a fiscalización y otras disposiciones.
Cuestionan a la Contraloría
Durante la lectura del dictamen también se cuestionó la actuación de la Contraloría General de Cuentas, al considerar que vulneró garantías constitucionales al negar la emisión del finiquito.
Según García, la decisión administrativa se sustentó únicamente en denuncias que no estaban respaldadas por auditorías gubernamentales concluidas.
“La Contraloría ha vulnerado derechos constitucionales de defensa y debido proceso porque emitió una decisión administrativa al denegar la emisión de la constancia transitoria sustentada en la existencia de denuncias y señalamientos”, indicó García.
Por su parte, Mazariegos se refirió también a la supervisión de la Contraloría sobre la Usac, en términos que reflejan una relación constante de fiscalización.
“Debemos de ser responsables porque, de ganancia, tenemos a la Contraloría General de Cuentas encima y atrás de nosotros. Gracias a Dios ya viene el proceso de la Contraloría”, dijo el rector electo mediante fraude.
