Sinto es acusada por el Ministerio Público (MP) por el delito de depredación de bienes culturales, debido a que supuestamente realizó pintas en las paredes del Congreso de la República durante aquella jornada. En este proceso, también ha sido señalada Dulce Archila.

El caso contra Sinto se originó después de las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020, convocadas en rechazo al presupuesto aprobado por el Congreso y a decisiones del gobierno de Alejandro Giammattei. Durante esa jornada, manifestantes ingresaron al perímetro del Congreso y posteriormente se produjo un incendio en parte del edificio.

En junio de 2022, la jueza Wendy Coloma había resuelto cerrar el proceso contra Sinto al considerar que los elementos presentados por el MP no eran suficientes para llevarla a juicio. Sin embargo, esa decisión fue apelada por la fiscalía, el Congreso y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones posteriormente revocó la resolución favorable a Sinto y ordenó que el proceso continuara, lo que abrió nuevamente el camino para que enfrentara un debate oral y público.

Desde entonces, el expediente ha estado marcado por distintos incidentes y recursos judiciales que han retrasado el avance del proceso.

Denuncian criminalización

En el comunicado difundido previo al inicio del juicio, las organizaciones que respaldan a Sinto sostienen que el proceso forma parte de un contexto más amplio de criminalización contra personas que participan en manifestaciones y expresan críticas hacia las autoridades.

El pronunciamiento señala que el juicio debe ser observado desde garantías como la libertad de reunión y manifestación pacífica, la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho de defensa.

Las organizaciones también sitúan el caso en el contexto de las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para participar en la vida pública y política del país. A su criterio, el proceso plantea cuestionamientos sobre las obligaciones del Estado en materia de igualdad, no discriminación, participación política efectiva y acceso a la justicia.

“Participar no es delinquir”, señala el comunicado, el cual hace un llamado a la ciudadanía a no normalizar que la protesta, la expresión pública y la participación ciudadana sean respondidas mediante procesos de criminalización.