Este caso se relaciona con los que evitaron la participación de Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos, como candidato a la Vicepresidencia de la República en las elecciones de 2023. 

En ese entonces, Rodas buscó llegar a la vipresidencia con el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), haciendo mancuerna con Thelma Cabrera, quien buscaba la presidencia.

Según la CIDH, las autoridades administrativas impusieron estas restricciones basándose en denuncias no notificadas ni investigadas, sin sentencia de responsabilidad. 

En 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió rechazar la inscripción del binomio presidencial del MLP debido a que existía una denuncia en contra de Rodas.

Posteriormente, los recursos presentados para impugnar dichas medidas fueron declarados improcedentes por autoridades judiciales, indicó la CIDH. 

El 26 de junio de 2025, las partes firmaron un acuerdo en el que el Estado reconoció la violación de los derechos políticos, la presunción de inocencia, la publicidad del proceso y la protección judicial. Estos derechos están en los artículos 23, 8.2, 8.5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como parte de las medidas de reparación integral, el Estado se comprometió a realizar un acto de disculpas públicas. También organizar un foro académico y dos talleres sobre la compatibilidad de estas restricciones con la Convención Americana y la independencia del TSE, además de otorgar una compensación económica por daño material, inmaterial y costas judiciales. 

La CIDH indicó que dará seguimiento al cumplimiento del acuerdo hasta su total implementación.