El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) aseguró que la norma abre la puerta a una “bolsa paralela” de fondos públicos, al permitir trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro. 

A criterio del sector privado, esto violenta el principio de “anualidad presupuestaria”, delega funciones exclusivas del Congreso al Ministerio de Finanzas y reduce el control político sobre el gasto.

“Pedimos al Presidente ejercer el veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas del Estado”, indicó el Cacif.

En la misma línea, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expuso que el decreto rompe con los principios de anualidad y unidad del presupuesto, debilita la fiscalización del gasto y no resuelve la baja ejecución de inversión pública. 

Según la entidad, el arrastre automático de saldos contradice la Ley Orgánica del Presupuesto, erosiona la función del Congreso y relaja los controles en un contexto donde ya existen debilidades internas documentadas por evaluaciones internacionales.

Retroceso

Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) calificó la aprobación de la ley como un retroceso y una contradicción frente a la lucha contra la corrupción. 

Criticó que el Congreso haya dado trámite de urgencia sin un debate técnico ni programático y advirtió que el decreto podría reactivar “redes de corrupción” que han afectado históricamente al Estado.

“Le exigimos al Señor Presidente, César Bernardo Arévalo De León, que en el ejercicio de sus funciones Constitucionales, vete el decreto 7-2025”, indicaron.

Al rechazo expresado por estas entidades se suma también el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que instó al mandatario a vetar el Decreto 7-2025 por considerar que compromete la transparencia en el uso de los recursos públicos.