Este Decreto fue aprobado de urgencia nacional el martes con el apoyo de 108 diputados, luego de que la propuesta fuera presentada por el diputado Luis Aguirre en una moción privilegiada.

Según el Icefi, hay preocupación por los efectos fiscales nocivos que representa la aprobación de este decreto, debido a que se debilitan o se suprimen controles y se limitan  las facultades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos y licencias, así como la ejecución de proyectos. 

“El Icefi analizó técnicamente el decreto 7-2025, encontrando que las disposiciones aprobadas aseguran de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no abonan a garantizar la calidad de las obras a ejecutar”, indicó la entidad en un comunicado. 

Además, menciona que este Decreto suprime supervisiones de los avances físicos y financieros de las obras a cargo de los Codede y que el rol de estas entidades quedaría relegado a ser un puente que únicamente tendría como función el traslado de los recursos a las municipalidades para estos proyectos. 

“Al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional el plazo máximo de 5 días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima”, señala el Icefi. 

También mencionan que esta ley no contempla recursos financieros y humanos adicionales, ni un período de tiempo perentorio para que esas entidades amplíen sus capacidades y cumplan con el nuevo requerimiento. 

A manera de síntesis, el Icefi indicó que este Decreto abre espacios para el abuso y la corrupción, situaciones que históricamente han caracterizado a los Codedes. 

En ese sentido, pidieron al presidente Arévalo vetar el Decreto y que tanto el Ejecutivo y el Legislativo inicien un proceso de consulta y discusión para encontrar soluciones que permitan una mejor ejecución presupuestaria en los Codedes.