Pese a que no se encontraba en punto de agenda, los diputados de oposición consiguieron los votos suficientes para conocer y aprobar de urgencia nacional la iniciativa 6608, denominada “Ley de Fortalecimiento Financiero Institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo y la continuidad y conclusión de los proyectos de infraestructura”. En total 108 diputados votaron para alterar el orden del día 103 para aprobar la normativa.
Entre otras cosas, la ley permite que los Codedes puedan arrastrar los fondos financieros que no ejecutaron durante el 2025 al presupuesto de 2026, una estrategia que el Ejecutivo utilizó en 2024.
El artículo 2 especifica que, al cierre del ejercicio fiscal que corresponda, la disponibilidad financiera equivalente a los saldos por devengar no desembolsados a los Codedes permanecerán disponibles para la continuidad de procesos en ejecución y pago de obras. Es decir, que los fondos que no sean gastados este año estarán disponibles para proyectos del 2026.
La norma también indica que las obras financiadas con recursos extraordinarios que no registren avance físico ni financiero luego de dos ejercicios fiscales deberán devolver los recursos al fondo común. El tiempo se empieza a contabilizar desde la asignación presupuestaria inicial.
Reducen los controles de transparencia
Para ejecutar un proyecto, los Codedes requieren de avales que son otorgados por diversas entidades del Ejecutivo. Entre ellas destacan ministerios como Ambiente, Salud, Comunicaciones, Conred y otros. Dichos permisos demoran cerca de tres meses en ser entregados, sin embargo, la nueva ley obliga a las dependencias a agilizar los trámites.
“Las autoridades competentes para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias o cualquier otro procedimiento necesario para la ejecución de proyectos de inversión deberán resolver las solicitudes presentadas dentro de su ámbito de competencia en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de su recepción”, especifica el artículo 3 de la normativa.
Añade que, concluido el plazo de cinco días, si las dependencias no han emitido una resolución, entonces la respuesta se tendrá por afirmativa.
Este punto fue planteado por los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala de Semilla en su propuesta de Ley de Agilización de la Inversión Pública.
En el artículo 6 de esa iniciativa cuestionada, impone plazos estrictos a entidades públicas para aprobar proyectos provenientes de los Codede.
La propuesta establecía que las instituciones tendrán solo cinco días hábiles para emitir resoluciones, avales o autorizaciones. Si no responden en ese plazo, el trámite se considerará aprobado automáticamente, y la autoridad deberá emitir el documento correspondiente en un máximo de tres días.
Esta iniciativa de ley fue cuestionada porque abre espacio a la opacidad y falta de fiscalización de los proyectos que se pretenden aprobar.
Baja ejecución
Para este año, los Codedes recibieron alrededor de Q12 mil 200 millones que incluyen los aportes ordinarios, extraordinarios y fondos no ejecutados en 2024. No obstante, a la fecha, su ejecución en obras a favor de las comunidades se muestra en menos del 20 por ciento. El departamento con la peor ejecución es Izabal, que refleja un 8 por ciento.
