La audiencia se celebró este jueves 4 de diciembre, a cargo del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal que preside Orellana. La resolución fue por falta de mérito a favor de Carlos Alberto Revolorio Galindo, representante legal de Pisa. 

Según el juzgador, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que en su momento era liderada por Juan Francisco Sandoval, no presentó las pruebas suficientes para que Revolorio Galindo fuera acusado por el delito de fraude. 

“No estamos juzgando una posible competencia desleal o bien cuál empresa es mejor que la otra. Eso no le corresponde a esta judicatura. En este caso, lo que queda claro es que los medios de convicción con los cuales cuenta la investigación no orientan a que existiera un artificio o que al Estado se le haya privado de algo que por derecho le corresponde”, afirmó Orellana durante la audiencia. 

El caso fue presentado en 2015 por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por un contrato de servicios de diálisis peritoneal entre el IGSS y la empresa Pisa. 

En su momento, los fiscales afirmaron que los integrantes de la directiva del IGSS nombraron como miembros de la junta de licitación a personas que no llenaban los requisitos para adjudicar el contrato. 

El contrato fue adjudicado y aprobado por la junta directiva del IGSS en 2014, por Q116 millones 227 mil 35, que equivale a 2 millones 582 mil 823, servicios de diálisis con un precio unitario de Q45.00. 

Para ello hubo dos oferentes: la empresa Medicina Corporativa de Diálisis S.A. y la Droguería Pisa de Guatemala S.A. Hasta el 21 de mayo de 2015, el Ministerio Público (MP) había recibido denuncias en las que se registraban al menos siete personas fallecidas por complicaciones en la aplicación del servicio contratado con la empresa Pisa, que, según la investigación, no cumplía con las especificaciones técnicas para dar el servicio. Esto incluía la infraestructura y recursos humanos.

El juez Orellana, quien integra la lista Engel de actores corruptos, refirió que en la investigación no se presentaron los medios de convicción suficientes para dictar una condena por el delito de fraude. Además, aprovechó para señalar que los fiscales que presentaron el caso ya no laboran en el MP y que la investigación pareciera “tergiversada y elaborada con base en chismes o en pláticas entre personas ociosas”. 

“En este caso, básicamente todas las personas han sido absueltas oportunamente en primera y segunda instancia. Inclusive por medio de acciones de amparo han sido confirmadas dichas resoluciones”, sentenció Orellana.