La acción de inconstitucionalidad parcial promovida por la PGN cuestiona frases y artículos del pacto que, según argumenta, otorgan al sindicato atribuciones que podrían interferir con las funciones administrativas del Estado. 

Entre los fragmentos impugnados se encuentran menciones al “Congreso del STEG”, la obligación de consenso con el “Sindicato Proponente”, y disposiciones que facultan al STEG para realizar monitoreos y evaluaciones de programas educativos.

Pese a los señalamientos, la Corte consideró que no se cumplen los requisitos para decretar la suspensión provisional, al no ser “notoria” la posible inconstitucionalidad ni evidenciarse un “gravamen irreparable”, como establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

La resolución fue adoptada por unanimidad del pleno de magistrados. Como siguiente etapa del proceso, la Corte otorgó audiencia por 15 días comunes al Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, al STEG y sindicatos adherentes, así como al Ministerio Público, para que se pronuncien sobre el caso.