Por primera vez desde que eP Investiga reveló que las máximas autoridades de la Superintendencia de Competencia se fijaron salarios de Q75 mil mensuales, el presidente del Directorio, Javier Enrique Bauer Herbruger, se refirió públicamente al tema durante una entrevista concedida este día al programa Con Criterio.
El funcionario designado por el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que la decisión se tomó dentro del marco legal que rige a la institución, al tratarse de una entidad autónoma y descentralizada, creada a partir de un mandato constitucional pendiente desde hace cuatro décadas, señaló.
“La Superintendencia de Competencia es una entidad autónoma y descentralizada, y corresponde a las autoridades determinar toda la escala salarial de los funcionarios y servidores públicos”, declaró Bauer durante la entrevista.
En ese contexto, afirmó que corresponde exclusivamente a las propias autoridades definir la escala salarial de todos los servidores públicos de esa Superintendencia. “Por la misma independencia de la autoridad no podemos pedir opiniones a terceros como el Organismo Ejecutivo o la Procuraduría General de la Nación”, señaló.
Según explicó, la propuesta salarial fue presentada por el superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro y posteriormente analizada en el Directorio. De acuerdo con Bauer, el planteamiento respondió a la necesidad de contar con salarios “competitivos”, comparables a los de entidades autónomas como el Banco de Guatemala, con el objetivo de construir una carrera administrativa basada en la meritocracia.
“El superintendente presentó una propuesta salarial que responde a la necesidad de tener una carrera con salarios competitivos, parecida a la del Banco de Guatemala, donde la meritocracia es la base”, indicó.
Independencia, corrupción y “retorno de inversión”
Durante la entrevista, Bauer vinculó el nivel salarial con la independencia de criterio y la prevención de riesgos de corrupción. Argumentó que la Superintendencia de Competencia tendrá la tarea de investigar y sancionar a las empresas más grandes del país, así como analizar posibles concertaciones en licitaciones públicas.
“La práctica internacional recomienda que exista un salario competitivo para evitar cualquier tipo de riesgo y de corrupción, porque la Superintendencia debe investigar y sancionar a las empresas más grandes del país”, afirmó.
Bauer también sostuvo que una remuneración elevada permitiría atraer y retener talento técnico especializado y reducir el fenómeno conocido como “puerta giratoria”. “Muy fácilmente cualquier empresa puede contratar a un funcionario de la Superintendencia. Por eso es importante una carrera administrativa meritocrática que evite que los funcionarios se vayan de la institución”, dijo.
El presidente del Directorio aludió a ejemplos de otros países de América Latina, como Brasil, donde, según indicó, carteles empresariales han generado perjuicios millonarios a los consumidores, aunque admitió no tener a mano el dato exacto sobre los salarios de las autoridades de competencia en ese país.
Durante la conversación, los entrevistadores cuestionaron la lógica de justificar salarios elevados en un país donde policías, fiscales, médicos y otros servidores públicos reciben remuneraciones muy inferiores. También expresaron preocupación por asociar la honestidad o la probidad con el nivel salarial, al considerar que se trata de un argumento riesgoso.
Ante estas críticas, Bauer reconoció la importancia de la labor de otros servidores públicos, pero insistió en que la Superintendencia de Competencia es una institución nueva que, según su planteamiento, puede generar beneficios económicos significativos para toda la población.
Disputa sobre el porcentaje del presupuesto
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el uso del presupuesto institucional. Bauer rechazó la afirmación de que casi el 40 por ciento del presupuesto se destine al salario de siete autoridades, como se ha señalado en publicaciones periodísticas y críticas ciudadanas.
Según el presidente del Directorio, el presupuesto de la Superintendencia rondaría los Q39 millones, y el pago de salarios de las autoridades superiores representaría aproximadamente el 18 por ciento del total. Sin embargo, a la fecha, la Superintendencia de Competencia únicamente ha recibido Q20 millones, que le fueron trasladados el 30 de diciembre pasado.
Ese es, hasta ahora, el único presupuesto efectivamente disponible y ejecutable por la entidad. Los otros Q19 millones a los que hizo referencia Bauer no han sido trasladados y provienen de una asignación incluida en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026. No obstante, dicho presupuesto fue suspendido provisionalmente por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que deja en condición incierta la disponibilidad de esos fondos.
En términos prácticos, esto implica que el cálculo presentado por el presidente del Directorio se basa en recursos que aún no existen para la institución, ya que dependen de la vigencia de un presupuesto actualmente suspendido o, en su defecto, de que el Congreso apruebe una eventual ampliación presupuestaria y se asignen nuevos fondos.
Sin compromiso a dar marcha atrás
Finalmente, Bauer Herbruger fue consultado sobre los llamados ciudadanos para revertir el salario de Q75 mil. El funcionario indicó que se trata de una decisión institucional, aunque dejó abierta la puerta a una eventual revisión.
“En la función pública siempre existe la posibilidad de analizar, corregir y explicar las decisiones”, afirmó. No obstante, no anunció ninguna revisión concreta ni plazos para reconsiderar la remuneración aprobada.
