En un comunicado, la cartera cuestionó las declaraciones vertidas por el jefe edil de Moyuta y menciona la posibilidad de que el alcalde pueda incurrir en un delito.

“Cualquier amenaza, intimidación o intento de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad pública constituye una conducta reprochable y su posible encuadramiento en un delito conforme al ordenamiento jurídico vigente”, dijeron en el comunicado. 

El pasado lunes 12 de enero, en una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) el alcalde de Moyuta señaló que podría “estornudar un par de fusiles” a la PNC, esto cuando se refería a temas de seguridad en el municipio.

“Tengo que cuidarme yo, y yo me cuido. Así es que amigos policías, Gobernación en general: si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones no se me paseen muy cerca porque de repente le pueda estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros y creo que no la van a contar”, dijo el alcalde. 

Posteriormente, la Municipalidad de Moyuta emitió un pronunciamiento en el que señalaron que las declaraciones de Marroquín fueron difundidas sin contexto.

El Mingob aseguró que PNC actúa bajo un mandato constitucional y legal orientado a la protección de la vida, la integridad de las personas, el ejercicio de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica, por lo que su actuación no responde a intereses particulares o locales.

Asimismo, indicó que las instituciones del Estado actuarán con apego a la ley ante cualquier hecho que trascienda del ámbito declarativo y tenga impacto en el orden público o la seguridad ciudadana.

La cartera también informó que la PNC mantiene protocolos de prevención y despliegue operativo para garantizar la libre locomoción y la continuidad de los servicios esenciales, especialmente en zonas consideradas estratégicas, como las áreas fronterizas.

“El Ministerio de Gobernación mantiene su disposición al diálogo institucional, dentro del marco de la ley, y llama a todos los actores públicos a contribuir, desde sus competencias, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la legalidad y la paz”, indicaron.