Carmen Aída Ibarra, integrante del Movimiento Pro Justicia, del cual es parte FADS, indicó que en este documento se recopilan diversas situaciones antidemocráticas que han ocurrido a lo interno de la Usac.
“Nos preocupa sobremanera la violencia que se está dando sobre el derecho a la educación, concretamente a la educación superior, y en ese sentido nosotros hemos apoyada a la comunidad universitaria para que haga las denuncias internacionales con la Relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación”, afirmó Ibarra tras la presentación del informe.
Ibarra calificó como “inaudito” que en aras de mantenerse como rector de la Usac y por ser intolerante ante la crítica, Mazariegos y sus aliados en el Consejo Superior Universitario (CSU) estén expulsando a estudiantes y suspendiendo matrículas.
“Eso es una grave violación a la garantía constitucional del derecho a la educación y por supuesto es una violación a los instrumentos internacionales que garantiza el derecho a la educación como un derecho humano fundamental”, indicó Ibarra.
Datos del informe
Según el informe de FADS, entre 2022 y 2025 se han dado al menos 84 procesos disciplinarios en la Usac. De estos, 40 han sido contra estudiantes, 16 contra personal académico, 12 contra trabajadores y 15 contra personas que no tienen relación jurídica con esa casa de estudios.
Asimismo, se ha constatado la expulsión de al menos 10 estudiantes solo en 2025. Estos fueron Andrés Ernesto García Flores, Diego Plutarco de León Prado, José Guillermo Herrera López, Edmar Eduardo Arriola Toc, Evelyn Mayté Recinos Donis, Sahara Yarith Méndez Anckermann, Yonshual Nehemías Xinico Ajú, Gustavo Adolfo Tax Vásquez, Heizel Elissa Magdalena Morales Camey, Sergio Yoel Morataya de León.
Además, en el informe se menciona el caso “Toma Usac: Botín Político”, el cual se originó por la toma de las instalaciones universitarias en rechazo a la elección de Mazariegos como rector.
En este proceso, en noviembre de 2023, el juez Víctor Cruz giró al menos 27 órdenes de aprehensión contra estudiantes, docentes, personal administrativo y otras personas que no tienen relación con la Usac, tras denuncias presentadas por autoridades universitarias.
De ese total de órdenes de captura emitidas, 14 personas ya fueron ligadas a proceso penal, otras seis fueron beneficiadas con falta de mérito y cuatro más continúan con orden de aprehensión.
