Avanzan amparos contra el CSU para que no dé posesión a Walter Mazariegos por falta de finiquito

Cinco amparos preventivos fueron presentados contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) con el objetivo de impedir que se otorgue la posesión a Walter Mazariegos como rector. El argumento indica que su Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, no está vigente. 

Denis Aguilar

junio 18, 2026 - Actualizado junio 18, 2026

La organización Usac Dignidad y Rescate (Usac Dire) informó que las acciones fueron planteadas el pasado 16 de junio por electores debidamente acreditados y buscan que una Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordene al CSU abstenerse de dar posesión a Mazariegos mientras no se acredite el cumplimiento de ese requisito.

Según la información difundida, la Sala Primera ya ordenó que dentro de un plazo de 48 horas el CSU se pronuncie sobre dos de las acciones planteadas por el grupo opositor Usac Dire.

Estos dos amparos preventivos que ya avanzaron fueron interpuestos por Mario Roberto Jolón Morales y Jade María Delgado Barillas, en contra del CSU.

“Si el usurpador no tiene finiquito no podrá asumir”, señaló Usac Diré en su comunicación, en la que también pidió a los magistrados cumplir con la normativa vigente.

En reiteradas ocasiones, la Contraloría General de Cuentas (CGC), ha señalado que Mazariegos no cuenta con el finiquito vigente, lo cual es un requisito indispensable para asumir como rector, de conformidad con lo establecido en en Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. 

La Contraloría ha indicado que el finiquito de Mazariegos dejó de tener vigencia luego de que fue denunciado ante el Ministerio Público. 

Estas acciones legales se suman a otras que ha interpuesto Usac Dire en contra de la elección de Mazariegos y que aún están pendientes de ser resueltas por los tribunales de justicia. 

Mazariegos fue declarado rector electo para el periodo 2022-2026 en un proceso que ha sido objeto de disputas legales. Sus opositores han señalado que la elección no contó con la participación de todos los cuerpos electorales previstos y han solicitado que se revise la validez del resultado.

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