El Directorio de la Superintendencia de Competencia atraviesa un nuevo conflicto interno tras la renuncia del superintendente Jorge Miguel Castillo Castro, presentada el 10 de marzo de 2026, quien sin embargo continúa en el cargo de forma temporal hasta que sea nombrado su sustituto. En medio de ese proceso de transición, una recusación contra el presidente del Directorio, Javier Enrique Bauer Herbruger, abrió una nueva disputa sobre la forma en que debe elegirse al próximo titular de la institución.

La acción fue promovida por el director titular designado por la Junta Monetaria, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, quien cuestiona que Bauer haya adelantado públicamente su postura antes de que el órgano colegiado discutiera el tema. Según el memorial presentado, entre el 10 y el 12 de marzo el Directorio no había sido convocado para la realización de alguna sesión ordinaria o extraordinaria y mucho menos había deliberado sobre el proceso a seguir tras la salida del superintendente. Pese a ello, el 12 de marzo Bauer ofreció declaraciones al medio Prensa Libre en las que expuso cómo, a su criterio, debía desarrollarse el proceso de elección.

En esas declaraciones el presidente del Directorio sostuvo que para la elección del nuevo superintendente debía realizarse un proceso mediante convocatoria abierta. Argumentó que el mecanismo anterior basado en listas de entidades nominadoras solo era aplicable para la designación inicial del cargo. Para Guzmán Fuentes estas afirmaciones constituyen un adelanto de criterio, ya que reflejan una postura definida antes de que el Directorio discutiera formalmente el asunto. El memorial subraya que dichas declaraciones son criterios eminentemente personales y no una decisión asumida por el Directorio.

La recusación se fundamenta en el artículo 37 numeral 6 de la Ley de Competencia, que establece como causal haber fijado públicamente el sentido del voto antes de que el Directorio resuelva el asunto. Este principio busca asegurar que las decisiones se adopten con plena imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo y transparencia, evitando que los integrantes condicionen anticipadamente el debate interno.

Como parte de las peticiones, Guzmán Fuentes solicita que se admita la recusación contra Bauer en lo relativo al proceso de elección del nuevo superintendente. También pide que se suspenda la discusión de este tema hasta que se resuelva el incidente. El procedimiento contempla que el funcionario recusado rinda un informe circunstanciado antes de que el Directorio tome una decisión definitiva.

El objetivo final de la acción es que Bauer se aparte de cualquier intervención en el proceso de sustitución. En ese sentido se plantea que, de declararse con lugar la recusación, el funcionario debe abstenerse de participar, deliberar o votar en cualquier fase del proceso de elección, designación y toma de posesión del nuevo superintendente, un proceso que ocurre mientras Castillo Castro aún permanece formalmente en el cargo a la espera de su reemplazo.

Una gestión marcada por escándalos

La salida de Jorge Miguel Castillo ocurrió en medio de una serie de cuestionamientos públicos que debilitaron su gestión desde sus primeras semanas. De acuerdo con una investigación de eP Investiga, su administración estuvo marcada por la propuesta de salarios de Q75 mil mensuales para las autoridades de la institución, así como por contrataciones realizadas sin procesos abiertos ni concursos públicos, lo que generó fuertes críticas en distintos sectores.

La polémica por los salarios fue uno de los principales detonantes de la crisis. El Directorio llegó a aprobar internamente esa escala salarial pese a que la institución se encontraba en una fase inicial de funcionamiento, lo que provocó rechazo ciudadano y cuestionamientos políticos hasta obligar a revertir la decisión días después.

El aún superintendente también estuvo envuelto en cuestionamientos luego de que se revelara que la Superintendencia contrató personal de forma discrecional. Entre los nuevos empleados figuraban exfuncionarios de administraciones anteriores, incorporados sin procesos de selección abiertos ni concursos públicos.