Las organizaciones denunciaron que esta decisión representa un retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas del Conflicto Armado Interno y favorece la impunidad.
Según el comunicado, la resolución de la CC dejó sin efecto el amparo provisional que había sido otorgado por la Cámara de Amparo y la Corte Suprema de Justicia, lo que derivó en la suspensión del juicio oral que estaba por concluir en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.
Lucas García enfrentaba acusaciones por genocidio, delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada y violencia sexual contra población maya ixil.
Entre abril y noviembre de 2024, se celebraron más de 100 audiencias en las que, según las organizaciones, se presentaron suficientes pruebas testimoniales, periciales y documentales sobre su participación en crímenes que habrían dejado entre 1,900 y 28 mil víctimas.
Señalan a magistrados
La AJR y la ODHAG señalaron directamente a los magistrados de la CC Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera, Nester Vásquez, Luis Rosales y Edwin López como responsables de lo que calificaron como una resolución que “protege criminales y atenta contra el derecho a la justicia”.
A la vez, reconocieron el voto disidente del magistrado Rony López Contreras, quien advirtió que esta resolución sienta un “peligroso precedente para la justicia penal guatemalteca”.
“Los magistrados entierran todo un año de debate, a pocos pasos de que el Tribunal dictara sentencia”, señalaron las organizaciones, que también recordaron que algunos magistrados de la actual Corte han anulado previamente procesos relacionados con crímenes de guerra y genocidio, como el caso contra Efraín Ríos Montt.
Finalmente, la AJR y la ODHAG reiteraron su compromiso de continuar con la búsqueda de justicia, incluso en instancias internacionales, y llamaron a la comunidad nacional e internacional a denunciar esta resolución y solidarizarse con las víctimas y sobrevivientes.
En noviembre del año pasado, el Ministerio Público (MP) había pedido una condena de 2 mil 860 años contra Lucas García. Posteriormente, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó una recusación de la defensa contra el Tribunal.
El caso llegó hasta la Cámara de Amparo, que había otorgado un amparo provisional favorable para la continuación del juicio, pero la CC dejó sin efecto dicha resolución.
