Según consta en el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2025, fueron al menos cinco los integrantes del CSU que fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP), esto luego de que estas personas no lograron desvanecer los hallazgos identificados por la CGC en las auditorías realizadas en la Usac.

Los denunciados son: Óscar Eduardo García Orantes, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Roberto Antonio Barraza González, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería; Willy Rolando Barrientos Sancé, representante estudiantil de la Facultad de Odontología; Elvis Enrique Ramírez Mérida, representante estudiantil de la Facultad de Humanidades; y Ana Sofía Cardona Reyes, representante estudiantil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

En el caso de García Orantes, quien debía ejercer el cargo de representante estudiantil entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, la Contraloría determinó que ya no posee la calidad de estudiante, debido a que se graduó como abogado y notario. A pesar de esto, ha continuado ejerciendo el cargo. Además, la Contraloría determinó que García Orantes no desvaneció el señalamiento. 

Barraza González, electo para el periodo 2021-2023; Barrientos Sancé, electo para el periodo 2022-2024; Ramírez Mérida, para el periodo 2021-2023; y Cardona Reyes, para el periodo 2021-2023, tampoco lograron desvanecer los señalamientos por ejercer esos cargos sin ser estudiantes y con los periodos vencidos.

Estas personas han continuado ejerciendo la representatividad estudiantil, pese a que ya no ostentan la calidad de estudiantes. 

En el informe de la Contraloría se detalla también que otros miembros del CSU que también ejercen con los cargos con períodos vencidos lograron desvanecer los señalamientos debido a que renunciaron al cargo o bien porque pidieron que se convocara a elecciones. 

En la auditoría realizada se determinó que el periodo para el cual los representantes estudiantiles fueron electos ya venció, asegurando que hubo un incumplimiento con lo indicado en el Decreto Número 325, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Usac.

Señalaron que el incumplimiento fue sobre el artículo 17 de la Ley orgánica de la Usac, donde establece que: “Los profesionales y estudiantes electos al Consejo Superior Universitario durarán en sus funciones dos años, salvo cuando los miembros estudiantiles obtengan durante dicho lapso su grado académico o que se retiren de la Universidad, caso en el cual se convocará a elecciones”. 

En ese sentido, señalaron que el incumplimiento de se dio debido a que estas personas continuaron ejerciendo el cargo y que no realizaron gestiones para convocar a elecciones. 

“Se confirmó que tres de los representantes estudiantiles ante el CSU, obtuvieron su grado académico en la Universidad de San Carlos de Guatemala y se encuentran colegiados, por lo que no cumplen con la calidad de estudiante para continuar en dicho cargo, lo que evidencia el incumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 325”, indicó la Contraloría en su informe. 

En su informe, la Contraloría señaló como responsables de estas deficiencias al exrector de la Usac, Murphy Paiz; a los exrectores en funciones Pablo Oliva, Gustavo Taracena y Jorge Orellana, así como al actual rector Walter Mazariegos, aunque no se detallan denuncias penales en contra de ellos.