Antes de asumir como director de la PNC, Custodio Boteo fue subdirector General de Operaciones, jefe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), así como jefe de la sección antimaras de la DEIC. 

Fue nombrado por el exministro de Gobernación de Giammattei, Byron Bor Illescas, como director general adjunto el 16 de noviembre de 2023. Mientras que el 15 de enero 2024, fue nombrado como director general, en reemplazo de Adal Rodríguez Najarro, quien se retiró de la institución. 

Según la PNC, al momento de ser nombrado como director general contaba con más de 21 años de servicio en la institución. En ese tiempo, fue parte de las comisarías 12 y 21, según el reporte de algunos medios de comunicación. 

Crisis de seguridad 

Desde que Custodio Boteo asumió como director general de la PNC, se han registrado sucesos  de alto impacto relacionados con la seguridad civil, los cuales ponían en duda sus capacidades al frente de la institución.

Ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la PNC, fuga de reos en las que fue mencionado Custodio Boteo, ataques armados que dejaron policías muertos, la masacre de ocho personas en Huité, Zacapa y las presuntas irregularidades cometidas por agentes en el caso del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro. 

Pese a estos hechos, Custodio Boteo permaneció en el cargo hasta ayer 27 de octubre. El anuncio de su destitución fue dado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien aseguró que el cambio no respondía a una coyuntura, sino a la reestructuración de la institución policial. Además, dijo que no van a accionar legalmente contra Custodio Boteo. 

Las muertes de Eldin y Milton 

En la gestión de Custodio Boteo fueron ejecutados extrajudicialmente Eldin Leonel Choc Xi y Milton Nelson Santamaría. Ambos habían sido detenidos el 18 de abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, por supuestamente escandalizar en la vía pública. Sin embargo, la investigación del Ministerio Público (MP) determinó que agentes de la PNC los torturaron y ejecutaron.

Santamaría murió después de los hechos ocurridos en la subestación de la PNC en el municipio, mientras que el paradero de Choc fue desconocido tras su detención y su cuerpo fue localizado siete días después. 

El caso avanzó hasta llegar a juicio contra los siete policías, quienes fueron condenados el pasado 21 de octubre de 2026 a penas que van desde los ocho hasta los 60 años de prisión. 

Organizaciones han señalado que detrás de estos crímenes hay homofobia, calificando los hechos como un crimen de odio. 

Las fugas de Fraijanes II

El 12 de octubre de 2025, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron la fuga de 20 reos del Barrio 18 que estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II. Días antes, el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el pasado 17 de octubre en el Campo Marte, publicó un video en el que denunciaba la fuga. 

En enero de este año, pandilleros recapturados declararon ante los tribunales que las fugas habían sido posibles mediante pagos y acuerdos con personal penitenciario para mantener las puertas del penal abiertas. Custodio Boteo fue mencionado por los presos recapturados. 

Marlon Martínez Sincuir, alías “Spectro”, fue uno de los reos que señaló que Custodio Boteo y otras autoridades sabían de la fuga.

Después de las declaraciones del pandillero, Custodio Boteo rechazó los señalamientos en su contra y contra la PNC, además, sostuvo que la administración de las cárceles corresponde al SP y no a la policía. 

Ataques contra policías

El 17 de enero de 2026 se registraron motines en los centros penitenciarios Renovación I, Fraijanes II y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Los reclusos retuvieron a guardias y exigieron cambios en las condiciones de reclusión y medidas aplicadas contra cabecillas de pandillas, pero al día siguiente, las fuerzas de seguridad retomaron el control de los centros afectados. 

Sin embargo, el 18 de enero comenzaron ataques armados contra agentes de la PNC en distintos puntos de la capital y también en Villa Nueva. Las autoridades atribuyeron los atentados a integrantes del Barrio 18 y los relacionaron con las operaciones para recuperar el control de las cárceles. 

El balance de fallecidos aumentó en los días posteriores: el 19 de enero se reportaron nueve policías muertos y el 31 de enero la cifra llegó a 11, tras el fallecimiento de un agente que había resultado herido. 

Los ataques representaron una de las mayores crisis de seguridad para la institución durante la gestión de Custodio Boteo, pero la cartera de Gobernación decidió mantenerlo en el cargo. 

Los hechos en Huité

A finales de septiembre de 2026, al menos ocho personas murieron en ataques armados registrados en distintos puntos de Huité, Zacapa. El MP procesó cuatro escenas y reportó la recolección de 77 indicios balísticos y posteriormente la PNC informó que las víctimas no tenían antecedentes criminales registrados. 

En una citación en el Congreso, Custodio Boteo explicó que dos agentes recibieron el reporte de disparos y se retiraron del área para pedir refuerzos, pues estaban en desventaja numérica y de armamento.

El hoy exdirector de la PNC fue cuestionado por diputados debido a la respuesta que dio la entidad policial  y el retiro de los agentes. El Ministerio de la Defensa confirmó posteriormente la participación de al menos 107 elementos militares, quienes fueron puestos a disposición del MP para la investigación correspondiente del caso.

La PNC y el caso Foppa

El pasado 17 de octubre de 2026, Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro fueron asesinados en un ataque armado en el campo Marte, zona 5 de la capital. Tras este hecho de violencia, agentes de la PNC capturaron a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, repartidores de comida, y reportaron la incautación de un arma de fuego en una caja de reparto.

No obstante, el Juzgado de Turno dictó falta de mérito a favor de los hermanos y ordenó su liberación, lo que posteriormente dio origen a una investigación sobre si el arma había sido colocada por los agentes para incriminarlos. 

El 23 de octubre, siete integrantes de la PNC —un comisario, un inspector, un oficial y cuatro agentes— fueron puestos a disposición de los tribunales por presuntas irregularidades en el procedimiento. 

Custodio Boteo había señalado en citaciones en el Congreso que la Inspectoría General de la PNC y las investigaciones del MP deberían determinar si hubo mal procedimiento de los agentes en la detención de los hermanos Choc Toz. 

El pasado 22 de octubre, en una citación con el diputado José Chic, Custodio Boteo fue cuestionado sobre si ha pensado presentar su renuncia como director general de la PNC, debido a los hechos ocurridos tras la muerte de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro y la detención de los hermanos Choc Toz, pero en ese entonces respondió que era una decisión del ministro de Gobernación. 

“Renunciar sería como estar aceptando que uno está cometiendo un error a lo interno de la institución”, dijo en su respuesta al diputado Chic.

Una institución debilitada 

A criterio de Carmen Rosa de León Escribano, la PNC bajo la administración de Custodio Boteo, perdió la coordinación y el trabajo en equipo, aunque señaló que desde el 2018 la institución ha estado siendo debilitada, sobre todo en el aspecto de la investigación policial.

Mencionó como un ejemplo el caso de Huité, donde a pesar de que existe un Sistema Nacional de Seguridad, con la finalidad de hacer coordinación entre instituciones, esto aparentemente no funcionó, derivando en hechos que causaron la muerte de ocho personas. 

“Creo que hay una crisis generalizada, pero es una crisis por una falta de coordinación y de objetivos conjuntos de las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo. 

De León Escriban recordó que para entender la situación actual de la PNC hay que regresar a 2018, cuando el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, “prácticamente destruyó la institución”, dejando atrás el fortalecimiento institucional y la carrera policial. Además, recordó que esto continuó en el gobierno de Giammattei y que la gestión de Consuelo Porras en el MP también influyó en ese debilitamiento. 

“Estamos volviendo a una etapa en la cual pareciera que hay que empezar otra vez casi que desde cero”, indicó. 

No obstante, De León mencionó que el actual gobierno está cerca de terminar su mandato y en ningún momento se tomó en cuenta las deficiencias de la PNC. “Estamos viendo los resultados de ese abandono”, aseguró.