La Alianza Guatemalteca por Guatemala, plataforma integrada por más de 489 organizaciones de víctimas, agrícolas y campesinas, transportistas, autoridades indígenas, y inició ayer una movilización nacional para solicitar al presidente Bernardo Arévalo que publique de nuevo los reglamentos del proyecto denominado GUATE para GUATE, correspondiente al seguro social obligatorio vehicular.

“No nos mueve ningún interés político, ideológico ni electoral. Es una exigencia social. Venimos a reclamar porque se han dejado solas a las víctimas de percances de tránsito y a sus familias”, afirmó César Bol, vocero de la Alianza y de la Unidad Nacional de las Víctimas de Tránsito.

Augusto Toledo, presidente de la Coordinadora Nacional de Transporte, explicó que los reglamentos también protegen a pilotos y transportistas, quienes actualmente corren solos con los gastos de cada accidente.

Toledo recuerda que, en julio de 2025, en Cobán, ocurrió un accidente de tránsito provocado presuntamente por un conductor que viajaba a excesiva velocidad, donde una niña de cinco años murió a consecuencia de trauma craneoencefálicos, su hermana de tres años sobrevivió, aunque sufrió la pérdida de una pierna. La madre de ambas niñas fue trasladada al hospital, ya que también fue herida.  El responsable les ofreció Q10 mil como resarcimiento. Asegura que si los reglamentos GUATE para GUATE, hubiesen estado vigentes, la familia el resarcimiento habría sido de Q260 mil por las tres víctimas.

Para dimensionar el impacto de la falta de vigencia de los reglamentos, Toledo explicó que, durante 2025, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Red Nacional de Hospitales atendieron a más de 800 mil personas por accidentes de tránsito, “el doble de las víctimas de un año de guerra entre Rusia y Ucrania”, comparó.

Cinco centavos por pasajero

Los miembros de las organizaciones informan que los reglamentos GUATE para GUATE son fruto de cinco años de trabajo de la Alianza, con el fin de darle cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Tránsito, vigente desde hace 30 años.

Se basan en el seguro del transporte extraurbano de pasajeros, que funciona desde hace 25 años. Para el efecto aseguran que han llegado a consensos con transportistas, autoridades indígenas, víctimas y organizaciones y asociaciones del país, así como con aseguradoras y la Superintendencia de Bancos.

Agregan que los documentos que sirvieron para elaborar los reglamentos pasaron los filtros del Ministerio de Gobernación, la Secretaría General de la Presidencia, la PGN y el Departamento de Tránsito. “No son de Semilla ni del Ejecutivo. Le pertenecen a la sociedad”, dice Bol.

Agrega que el costo del seguro equivale a 5 centavos del pasaje por pasajero, 5 centavos por kilómetro en carga, Q1 al día por moto y Q3 por taxi. A cambio, la Alianza estima que aproximadamente Q500 millones al año beneficiarían a las familias de las víctimas, sin que el Gobierno desembolse un centavo.

Antecedentes del caso

En 2024, miembros de la Alianza coordinaron con el presidente y con el entonces ministro de Gobernación para que se realizara la publicación de los documentos. Según cartas y chats que se presentaron, el Ejecutivo pidió por escrito que se publicaran los reglamentos GUATE para GUATE, aunque no hubo una campaña informativa nacional, con el razonamiento de no provocar una crisis.

Los miembros de la Alianza explican que se enteraron el 16 de marzo de 2025, un día antes de que se publicarían los reglamentos, por lo que pidieron al Gobierno que esperara al menos hasta el 21 de marzo, ya que era preciso que la población se enterara sobre su contenido antes de que entrara en vigencia. La petición no fue atendida, por lo que inició una campaña de desinformación.  Noticias falsas, como que el propietario de una motocicleta debía pagar Q300 mensuales, iniciaron a circular en las redes.  Lo correcto es que se deberá cancelar Q1 diario.  Lamentan que no hubo una aclaración gubernamental con relación a estas falsedades y se decidió derogar los reglamentos tres días después de su publicación.

El mandatario anunció que ordenaría la publicación de los documentos en marzo de este año, lo cual no ha ocurrido. Los miembros de las organizaciones aseguran que, sin su presencia, se presentó una nueva propuesta a las aseguradoras, que reduce de Q200 mil a Q50 mil la ayuda máxima por persona, con cobertura fuera de los vehículos, con el argumento de que GUATE para GUATE resultaría muy caro.

Luego del percance vial en la Calzada de la Paz, ocurrido el 10 de febrero del año pasado, el Gobierno pagó Q180 mil por las 54 víctimas del accidente de la calzada La Paz, el seguro otros Q180 mil y el Congreso Q50 mil adicionales. Según Bol, en promedio diez víctimas de accidentes de tránsito diarias en el país “deben recibir resarcimiento de Q200 mil cada una”. “El trato debe ser el mismo para todas las personas”, menciona.

Llamado a diputados y a líderes nacionales

La Alianza también pidió a los 160 diputados, que exijan que los reglamentos GUATE para GUATE se publiquen de inmediato y que rechacen nuevas propuestas o mesas para un modelo que ya funciona. También convocó a universidades, iglesias, cámaras empresariales, alcaldes, artistas y deportistas para que se pronuncien a favor de que cobren vigencia.

La movilización que anuncian las organizaciones se inicia luego de cumplirse 1 mil días desde que la Corte de Constitucionalidad resolvió que el presidente Arévalo debía publicar los reglamentos del seguro social obligatorio vehicular. Se asegura que anualmente se registran 800 mil hospitalizaciones por accidentes de tránsito.

Donde se pueden consultar los reglamentos GUATE para GUATE:

guateparaguate.org.

Prensa: [email protected].