El exjuez Miguel Ángel Gálvez y sus representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Guatemala, en la que denuncian un patrón de hostigamiento y criminalización vinculado con su labor judicial.
La petición inicial fue presentada este 27 de octubre en Panamá, durante el 197 periodo de sesiones de la CIDH. El caso busca que se determine la responsabilidad internacional del Estado por las presuntas violaciones a los derechos de Gálvez, quien renunció a su cargo en diciembre de 2022 y salió del país tras las presiones que, según sus representantes, enfrentó por tramitar casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Gálvez afirmó que la presentación de esta denuncia representa un paso para que se examine la persecución en su contra, aunque lamentó las consecuencias personales que ha tenido.
“Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son 24, 25 años de ser juez y cuatro años de estar fuera, cuando lo único que pretendí fue hacer las cosas bien hechas como juez”, declaró.
Antejuicios y amenazas
CEJIL señaló que de las 25 denuncias penales y administrativas presentadas contra Gálvez desde 2016, al menos 21 fueron desestimadas o archivadas por falta de sustento. Además, la organización señala que se promovieron 10 procesos de antejuicio, tres de ellos de manera simultánea en 2022.
Gálvez conoció el caso Diario Militar, relacionado con graves violaciones a los derechos humanos, proceso que, según sus representantes, incrementó el hostigamiento en su contra y que derivó en un proceso de antejuicio que amenazó su libertad y contribuyó a que dejara su judicatura y que tuviera que salir al exilio.
Recordaron que Gálvez había recibido medidas cautelares de la CIDH en agosto de 2016, que estuvieron vigentes durante siete años. En septiembre de 2022, la Corte IDH también le otorgó medidas provisionales, después de considerar insuficiente el esquema de seguridad estatal, de acuerdo con CEJIL.
Los casos que tuvo a su cargo
Gálvez ingresó a la judicatura en 1999 y, desde el 20 de junio de 2011 hasta su renuncia en diciembre de 2022, estuvo al frente del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, según la información proporcionada por CEJIL.
Durante su trayectoria conoció procesos de alto impacto, entre ellos los relacionados con los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo ixil; el caso Sepur Zarco, por hechos de violencia sexual y esclavitud sexual perpetrados durante el conflicto armado interno; y los procesos de corrupción aduanera que involucraron al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
También tuvo a su cargo actuaciones relacionadas con el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el caso Diario Militar, que condicionó su salida del país.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la presentación de la petición comienza una etapa de revisión ante la CIDH, que deberá tramitar el expediente, trasladarlo al Estado de Guatemala para que presente sus observaciones y analizar si cumple los requisitos de admisibilidad. Posteriormente, si el caso avanza, la Comisión podrá emitir un informe de fondo sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Entre las medidas solicitadas por los peticionarios figuran que se generen condiciones para que Gálvez pueda regresar a Guatemala sin poner en riesgo sus derechos y que se adopten garantías para evitar la repetición de los hechos denunciados.
