Foto: Gobierno de Guatemala
Durante un pronunciamiento público en el Hotel Westin Camino Real, el mandatario denunció que las órdenes de aprehensión son parte de una estrategia para criminalizar la resistencia democrática de los pueblos indígenas que defendieron el proceso electoral en 2023.
“Estamos siendo testigos de lo que es capaz de hacer una cuadrilla de criminales cuando saben que se les está acabando el tiempo. Eso es el liderazgo del Ministerio Público y eso es lo que está sucediendo en este momento”, expresó Arévalo.
El presidente afirmó que estas capturas representan “un ataque contra la democracia” y “un acto de criminalización a los pueblos indígenas que lideraron el esfuerzo por rescatar las instituciones, la democracia y el resultado electoral”.
Arévalo remarcó que las capturas de esta día son un ataque contra quienes encabezaron las manifestaciones pacíficas que evitaron que redes político-criminales se robaran las elecciones y burlaran la voluntad popular.
También hizo un llamado a la ciudadanía para que se exprese públicamente frente a lo que calificó como una ofensiva contra la democracia. “Este es el momento de cerrar filas”, dijo.
“Este es el momento de que el pueblo de Guatemala tenga claro que Consuelo Porras y su gavilla de criminales son una amenaza contra la democracia en este país”, dijo el mandatario, que también instó a que la ciudadanía se movilice de forma pacífica, pero “contundente”.
Durante su intervención, reiteró su “respaldo total” a los liderazgos indígenas criminalizados. “El hecho de que hoy se esté criminalizando a quienes desde un primer momento salieron a defender las instituciones democráticas confirma el liderazgo y el papel heroico que ustedes jugaron en ese momento”, afirmó.
La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció en su cuenta de X e indicó que le tomó por sorpresa la captura de Pacheco. “Espero que prevalezca la legalidad, objetividad y las decisiones que velen por Guatemala y su democracia”, escribió.
Pacheco y Chaclán formaron parte de la directiva de los 48 Cantones en 2023, cuando dicha organización ancestral encabezó protestas masivas en defensa del proceso electoral y en rechazo a intentos de deslegitimar los resultados presidenciales.
El MP respondió a las declaraciones del presidente Arévalo con un comunicado y las calificó como “ataques infundados” por parte del Ejecutivo. Según la institución, las órdenes de captura emitidas contra los exdirigentes indígenas fueron autorizadas por jueces competentes “en estricto apego a la ley”, y no obedecen a motivaciones políticas.
El MP también denunció que el gobierno intenta “debilitar y deslegitimar” su labor y advirtió que promover la desobediencia a resoluciones judiciales podría constituir un delito. En el mismo texto, afirmaron que reformar la Ley Orgánica para cambiar a la fiscal general Porras sería un atentado contra el Estado de Derecho y “una amenaza directa a la lucha contra la impunidad”.
