Los señalados en el caso son Gustavo Martínez Luna, exsecretario general de la Presidencia; Julio Esquivel, Lázaro Reyes, el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, y Mario Ruano San José, exasesor. Eran acusados de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo.

“Estos son errores garrafales que el Tribunal no puede asumir. El juez es el primero en someterse a la ley. Son más de 300 documentos y casi que el 80 por ciento son inútiles e impertinentes”, dijo la jueza María Eugenia Castellanos. 

Según los argumentos de las juezas que llevaron el proceso judicial, el Ministerio Público no sustentó el caso y por esta razón absolvieron a los cinco señalados. 

La juzgadora Castellanos recalcó que la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fue basada en chismes que proporcionó el exsecretario privado de la vicepresidenta Roxanna Baldetti. Además, el Tribunal ordenó la investigación de los exfiscales y exfuncionarios que realizaron dicha investigación. 

Al finalizar la audiencia, algunos de los abogados de los señalados agradecieron y conversaron con el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche que se encontraba en la sala de audiencias. 

Curruchiche dijo que se iniciará una investigación de oficio en contra del juez Miguel Ángel Gálvez por supuesto incumplimiento de deberes y también declaró que era un “show mediático” el que hacía el excomisionado de Iván Velásquez. 

El caso TCQ se dio a conocer en abril de 2016 y estuvo a cargo de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI. La investigación señalaba un entramado de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Según la investigación, se adjudicó un contrato de usufructo por 25 años para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal. La inversión sería de US$255 millones. Este proceso habría sido negociado con costos más altos y a través de pagos de sobornos a empresarios y funcionarios públicos.