La petición de estas organizaciones se enfoca en los procesos de elección de segundo grado que se desarrollarán el próximo año, como la selección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). 

Señalan que estos procesos de selección de 2026 representan una oportunidad para avanzar hacia instituciones objetivas e imparciales. Por ello, hicieron un llamado a que las próximas designaciones se basen en criterios de mérito, idoneidad y trayectoria, sin influencias políticas, clientelares o presiones de actores económicos o criminales.

Además, indican que una evaluación independiente y la transparencia deben ser ejes centrales en los mecanismos de selección. También señala que la publicidad de las evaluaciones y la apertura al escrutinio social son condiciones necesarias para fortalecer la confianza en las instituciones.

Asimismo, pidieron a sectores sociales y a la comunidad internacional mantener vigilancia activa sobre estos procesos y respaldar las acciones destinadas a reconstruir la institucionalidad democrática en el país.

Informe de CIDH

Las organizaciones mencionaron que el informe reciente de la CIDH sobre su visita in loco a Guatemala es relevante en el contexto de las elecciones de segundo grado, debido a que se evidencia el uso del sistema penal con fines de criminalización y que el próximo año se podrían cambiar el panorama, garantizando una justicia independiente y los derechos humanos.

Asimismo, se sumaron a la propuesta de la CIDH que propone realizar un examen independiente sobre la actuación del MP durante los últimos siete años y su impacto en los derechos humanos.

“El informe confirma que desde el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) se ha agudizado la crisis del sistema de justicia, la instrumentalización del derecho penal con fines de persecución política y la falta de independencia judicial, lo cual ha debilitado gravemente la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos”, indicaron. 

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Impunity Watch, el Centro Internacional de Juristas (CIJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), fueron algunas de las organizaciones que firmaron el pronunciamiento.