El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, explicó las repercusiones que enfrenta el Ejecutivo para ajustar el presupuesto de este año, luego de que el pasado 30 de diciembre la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó nueve amparos que dejaron el plan de gastos que fue aprobado para este año.
El presupuesto vigente quedó en Q154 mil 836 millones, lo que representa Q8 mil millones menos de lo que el Ejecutivo solicitó ante el Congreso.
Figueroa informó que esa diferencia desfinancia proyectos que la presidencia tenía planificados para este año, como la construcción de cárcel de máxima seguridad contemplada en el Decreto 11-2025, el cual declara a las maras o pandillas como terroristas. En esa norma se estableció que el Ministerio de Gobernación debía construir una nueva prisión, para la cual se tenía una estimación de Q500 millones.
El funcionario agregó que se suprimieron los fondos para entidades que fueron creadas el año pasado, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) se encuentra haciendo un análisis técnico sobre el reajuste presupuestario que permita respetar la programación de los ministerios y no afectar los aportes constitucionales, como lo son fondos para municipalidades.
Arévalo justifica baja ejecución del CIV
El Minfin hizo una presentación de la ejecución presupuestaria con la que cerró el gobierno central en el 2025. Según los datos oficiales, a nivel global el Ejecutivo llegó al 90.6 por ciento del gasto, pero los ministerios de Comunicaciones y Cultura cerraron el año por debajo del 70.
El presidente Bernardo Arévalo justificó que el Ministerio de Comunicaciones (CIV) tiene problemas para gastar los recursos porque aún persisten estructuras de corrupción que sabotean los concursos en el portal de Guatecompras.
“Es parte del problema de encontrar los mecanismos para ir rompiendo las estructuras mediante las cuales se llevaban a cabo proyectos de tipo corrupto. Eso ha llevado a que en determinado momento se suban convocatorias que finalmente se caen porque se identifica que hay alguna forma en que estos fueron intervenidos”, aseguró Arévalo.
Agregó que hay varios proyectos de obra que se encuentran judicializados y eso tampoco permitió que el CIV tuviera una ejecución presupuestaria satisfactoria.
En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, el mandatario refirió que el problema se dio por retrasos en la legalización de terrenos en los que se tiene que implementar la construcción de ciudades deportivas.
