El Organismo Ejecutivo publicó este miércoles 28 de octubre el Acuerdo Gubernativo 173-2026, mediante el cual se veta el Decreto 23-2026 del Congreso de la República, que había reformado la aplicación de la prisión preventiva, establecida en Decreto 51-92, Código Procesal Penal. El Ejecutivo consideró que las disposiciones son inconstitucionales porque atentan contra el principio de seguridad jurídica.

Las observaciones del Ejecutivo también se centran en la falta de claridad de algunas disposiciones aprobadas por el Congreso y en la ausencia de previsiones para implementar los cambios. 

Por esos motivos, el Gobierno decidió devolver el decreto al Legislativo con señalamientos de inconstitucionalidad.

El Ejecutivo señala que las reformas riñen con el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que atentan contra el principio de seguridad jurídica y que pueden generar incertidumbre en su aplicación. 

Los cuestionamientos recaen sobre el artículo 8 del decreto, que incorpora el artículo 264 Quáter al Código Procesal Penal. Esta disposición establece que no podrán concederse medidas sustitutivas a personas procesadas por determinados delitos.

Pero el Ejecutivo advierte que el texto hace referencia a las medidas sustitutivas “enumeradas en el presente artículo”, aunque no contiene una enumeración de estas. Según las observaciones, esta omisión impediría que los jueces tengan claridad sobre cuáles medidas quedan comprendidas en la prohibición.

Además, el Gobierno señala que entre los delitos incluidos figura la violación calificada, una figura regulada anteriormente en el artículo 175 del Código Penal, pero que fue derogada expresamente en 2009 mediante la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

A criterio del Ejecutivo, esta referencia a una figura penal que ya no está vigente afecta la claridad y precisión de la norma, lo que podría generar incertidumbre en su aplicación y contravenir el principio de seguridad jurídica. 

Cuestionan nueva unidad

En el veto, el Ejecutivo también cuestiona la creación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que tendría a su cargo el apoyo a los órganos jurisdiccionales en el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de coerción.

No obstante, el Ejecutivo señala que el decreto aprobado por el Congreso no establece disposiciones transitorias ni un plazo razonable para organizar e implementar esa unidad.

En ese sentido, afirmaron que la falta de disposiciones para crear esa unidad, podría generar una brecha entre la entrada en vigor de las reformas y la capacidad operativa para cumplirlas.

El Congreso de la República aprobó dicho decreto el pasado 29 de septiembre, tras consensos entre varios bloques legislativos. Incluso, la aprobación de este decreto fue impulsado por diputados oficialistas, como es el caso de los diputados José Carlos Sanabria y Andrea Reyes, quienes fueron ponentes de la iniciativa.