Mientras se desarrollan las elecciones de magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), diversos sectores se pronunciaron en contra de las acciones de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que, a pocas horas de realizarse las votaciones,  dejaron fuera a miles de agremiados.

El 2 de febrero, la Sala Sexta otorgó un amparo provisional a Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes plantearon que únicamente los abogados deberían participar en el proceso electoral, excluyendo a los profesionales de sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales y criminología.

La junta directiva del CANG mantuvo la convocatoria vigente para las carreras afines y presentó varios recursos legales. Sin embargo, el 3 de febrero, esta Sala ordenó que se debía acatar el fallo, advirtiendo que habría una investigación contra la junta si no lo hacían. 

Patricia Gámez, presidenta del CANG, recalcó que la modificación de la convocatoria electoral, que fue publicada esta misma mañana en el Diario de Centro América, se hizo bajo la responsabilidad de la Sala Sexta. La medida afectó a alrededor de 3,500 colegiados activos -de 7 mil agremiados de ciencias afines-, informó Gámez.

El Grupo de Profesionales por las Ciencias Sociales hizo un llamado a manifestarse en las puertas del Club Aurora, donde se desarrolla la votación, en rechazo a la decisión de la sala. ‘’No somos agremiados de segunda’’, expresa su comunicado.

La Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política, el Bloque Estudiantil Universitario y la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se sumaron a la oposición. 

‘’Excluir de la toma de decisiones a nuestras carreras representa una degradación al sistema democrático y pone en peligro la legitimidad de las elecciones’’, aseguraron estas organizaciones.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar también emitió un comunicado en el que reafirmó el derecho de participación de los profesionales de ciencias afines y llamó a las autoridades de la CC a resolver la situación para garantizar su voto. “El amparo otorgado por la Sala Sexta constituye una resolución inaceptable que erosiona gravemente la confianza en el proceso e irrespeta la institucionalidad democrática’’, indicaron.

Las autoridades de los Pueblos Originarios de Guatemala calificaron la situación como ‘’arbitraria e ilegal’’  y exigieron a la CC enmendar el fallo.

Mientras tanto, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación por el amparo otorgado. “Los agremiados de carreras afines al Derecho cumplen con el pago de sus cuotas, se someten a su régimen disciplinario y han participado históricamente en los procesos electorales del CANG”, argumentó la OEA. Resaltaron que la modificación de la convocatoria a pocas horas de realizarse las votaciones genera dudas sobre la seguridad jurídica en el país.

El Grupo de Profesionales por las Ciencias Sociales, quien también organizó una manifestación el 3 de febrero frente a la CC, convocó a ejercer su derecho al voto en otro proceso no impugnado: la elección del Tribunal Electoral del CANG. 

La votación se desarrolla aún sin pronunciamiento de la CC para la resolución de recursos pendientes.