MP confirma existencia de nueva denuncia contra Bernardo Arévalo

El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de Delitos Administrativos envió un oficio al Congreso de la República como parte de diligencias iniciales relacionadas con una denuncia presentada contra el presidente Bernardo Arévalo por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

Jovanna García

mayo 2, 2025 - Actualizado mayo 2, 2025

Según explicó el MP, esta solicitud se enmarca en los procedimientos ”estándar” que se realizan cuando se recibe una denuncia, y en este caso, se vincula con las declaraciones brindadas por el mandatario durante una conferencia de prensa el pasado 23 de abril de 2025.

En esa ocasión, el presidente Arévalo afirmó que el Ministerio Público es “una gavilla de criminales” y acusó directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, de encabezar una estructura cooptada que actúa fuera del marco legal. “No vamos a permitir que la fuerza pública sea utilizada para ejecutar órdenes ilegales. Este Ministerio Público es una gavilla de criminales que utiliza la ley para violentarla y proteger intereses corruptos”, declaró el mandatario.

Las declaraciones del presidente se produjeron tras conocerse las órdenes de captura contra líderes indígenas, entre ellos el viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, y Héctor Chaclán, exdirigente de los 48 Cantones. Los dos fueron acusados por el MP de terrorismo debido a su participación en las protestas de 2023 en defensa de la democracia.

El MP recordó que, en esta etapa, rige la reserva establecida en el artículo 314 del Código Procesal Penal, por lo que no se pueden divulgar detalles adicionales mientras avanza la investigación. Tampoco se dio a conocer el nombre del ciudadano que presentó la denuncia.

Recientemente, se dio a conocer que el MP envió la solicitud al Congreso para que entregaran el acuerdo de toma de posesión del mandatario Arévalo.

En redes sociales, expertos en derecho constitucional han señalado que el Congreso de la República no nombró al Presidente de la República, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral, que acredita su elección conforme a la ley.

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