En el documento presentado ante la CC se incluyen argumentos y recomendaciones bajo criterios jurídicos, técnicos y de interés público para resolver este asunto, luego de que la misma CC suspendiera provisionalmente el Acuerdo. 

El Acuerdo Gubernativo 133-2024 obligaba a las empresas a declarar antes de junio de 2025 quiénes son sus accionistas, propietarios y beneficiarios finales. Las organizaciones consideran que esta medida es clave para garantizar que en los contratos públicos no estén involucrados testaferros ni intereses ocultos. 

Acción Ciudadana (AC), la Asociación Civil Diálogos, el Consejo Nacional Empresarial (CNE), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) e Involúcrate Guatemala fueron las organizaciones que presentaron la acción ante la CC. 

“Estas disposiciones están directamente vinculadas con los compromisos internacionales que Guatemala ha asumido en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, incluidos los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y convenciones internacionales en materia de transparencia y anticorrupción”, se indica en el comunicado. 

El Amicus Curiae presentado ante la CC fue redactado con el apoyo del Vance Center. 

Por último, indicaron que están pidiendo a la CC “actuar en favor de un país más íntegro, donde la transparencia sea la regla y no la excepción”. 

En julio de este año, la CC suspendió el Acuerdo 133-2024, dejando sin efecto el requisito para los proveedores mientras el caso se resuelve en definitiva.