Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron un Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que se pide resolver con prontitud la inconstitucionalidad que mantienen en suspenso el Acuerdo Gubernativo 133-2024, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, conocido como Proveedores Transparentes.
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