En el escrito, el “equipo cuatro de persecución penal» de la Fiscalía de Delitos Administrativos pide la colaboración del presidente del Congreso, Nery Ramos, para remitir el acuerdo con el que Bernardo Arévalo asumió la presidencia.
La solicitud fue firmada por la agente fiscal, Mildred Azucena Mejía Abrego, y por la auxiliar fiscal Claudia Catalina Mendizabal Ramos, aunque no se especifican los motivos del requerimiento.
Además, se pide que la información solicitada se remita a una de las sedes del MP ubicada en la zona 10.
El documento, que fue enviado al Organismo Legislativo, fue compartido previamente por cuentas ligadas al “netcenter”.
Se solicitó una postura a Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, sobre este pedido del MP, pero hasta el momento no se ha brindado respuesta alguna.
También se pidió información al MP sobre esta solicitud, pero tampoco han dado alguna respuesta. En cuanto se tenga, se incluirá en esta nota.
Amparo
La solicitud del MP se da luego de que con el acompañamiento de autoridades indígenas, el presidente Arévalo anunció la presentación de un amparo contra la fiscal general, María Consuelo Porras.
El amparo se presentó luego de las capturas de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Arévalo indicó que el amparo busca garantizar el debido proceso contra quienes están “espuriamente criminalizados”, en referencia a los casos de Pacheco y Chaclán. Además, dijo que hay “clara inobservancia del MP de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social”.
La acción de amparo fue promovida con el acompañamiento de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra).
Estas acciones contra Pacheco y Chaclán revivieron el pedido del presidente Arévalo al Congreso para aprobar las reformas a la Ley Orgánica del MP, que en 2024 había quedado relegada.
