La ley ha generado una diversidad de reacciones en contra, en las que se ha pedido al presidente Arévalo ejercer su facultad de veto y no permitir que la ley cobre vigencia, debido a que permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro.
“El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando”, dijo Santiago Palomo a eP Investiga ante el cuestionamiento si Arévalo podría vetar la ley.
Este Decreto fue aprobado de urgencia nacional por parte del Congreso en la sesión plenaria adicional celebrada el pasado martes. Esto surgió de una moción presentada por el diputado del bloque Cabal, Luis Aguirre.
“Una vez sea recibido formalmente, el presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”, añadió Palomo.
La ley permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan arrastrar los fondos financieros que no ejecutaron durante el 2025 al presupuesto de 2026.
Esta ley también obliga a las distintas instituciones del Estado a agilizar los avales que se deben realizar para la aprobación de nuevas obras y especifica que si estos avales no se han concluido en un plazo de cincos días, la respuesta será afirmativa.
Organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) han advertido que la ley representa efectos fiscales nocivos debido a que debilita o suprime controles, además de que limita las facultades del Estado para emitir resoluciones respecto a obras.
Por su parte el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que la ley crea una “bolsa paralela” de fondos públicos y que viola el principio de “anualidad presupuestaria”.
Centros de pensamientos y organizaciones de la sociedad han cuestionado la ley y han pedido al presidente que esta sea vetada.
