El PDH, Alejandro Córdova, y Alfredo Sánchez, relator de la región sur de la OPT, fueron citados para rendir cuentas sobre los informes que habrían dado pie a que la jueza Batún Betancourt ordenara el traslado del líder de la pandilla del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía.
Los diputados integrantes de la comisión cuestionaron el actuar que el PDH ha tenido durante los últimos tres años de gestión. En la discusión, el diputado José Chic argumentó que los informes entregados por la PDH y la OPT a la jueza sirvieron de base para que se ordenara el traslado del pandillero. A decir del parlamentario, esta situación pone en riesgo la vida de guatemaltecos, contrario al mandato que tendría que tener Córdova.
Chic informó que entregará la solicitud por escrito a la sala de trabajo del Congreso; si los diputados integrantes están de acuerdo, se hará la recomendación al Pleno para que se tome la decisión.
“Lo que se acordó es que en la próxima sesión se va a discutir esto, pero la solicitud formal relacionada con la destitución del Procurador de los Derechos Humanos la voy a presentar para que en la próxima sesión empiece la discusión”, indicó Chic.
Minutos antes de la reunión de la comisión, el diputado Inés Castillo informó que presentó una querella penal en contra de Córdova por incumplimiento de deberes, pues considera que han existido violaciones a los derechos humanos en los que el funcionario no ha realizado ninguna investigación.
“Con todo respeto, yo el día de hoy vine a pedirle su renuncia. Renuncie al cargo. Usted no tiene las capacidades para ser Procurador de los Derechos Humanos”, dijo el diputado Castillo durante la reunión.
Esos mismos cuestionamientos fueron compartidos por las diputadas Lucrecia Marroquín de Palomo de Valor y Sonia Gutiérrez de Winaq, que se mostraron de acuerdo en discutir la destitución de Córdova.
“Aquí todos los relatores son responsables. En este caso, es obvio lo que hizo el señor relator. Él dice que no dio opinión, pero en su informe dice: la intención es proporcionada a la autoridad judicial. Esto es un tema que se debe discutir en esta comisión y llevarlo a jefes de bloques porque yo creo que el pleno de relatores debe renunciar”, argumentó la congresista del bloque Valor.
“Esto no puede pasar desapercibido, colegas diputados, aquí hay graves acciones que ameritan tomar medidas. Usted dio insumos y eso no lo podemos negar, usted dio insumos para que finalmente la jueza tomara esa decisión. El congreso lo ha nombrado y lo puede destituir”, sentenció la diputada Gutiérrez.
PDH y OPT se defienden
Ante las preguntas, el procurador Córdova refirió que la institución que dirige no tiene la autoridad para influir en el traslado de reos del SP y que el informe se hizo en cumplimiento de la solicitud de la jueza.
“El Procurador de los Derechos Humanos no es el ente que debe establecer un traslado o no. No es jurisdicción de nosotros; esas son las funciones de un ente judicial. No conozco la resolución, no somos parte procesal y no tenemos conocimiento de cuál fue la fundamentación de la juez ”, respondió Córdova a los señalamientos.
Mientras que el relator Sánchez indicó que no se actuó de oficio, sino por la orden judicial de Batún Betancourt. Añadió que los cinco relatores hacen visitas constantes a los centros de privación de libertad.
“No emitimos recomendaciones. Nosotros también dejamos claro que en nuestro mandato no tenemos la facultad, ni el derecho y mucho menos la posibilidad de ordenar un traslado”, defendió Sánchez.
