Foto: Carlos Alonzo
Durante una breve declaración a medios de comunicación, la abogada Jovita Tzul, parte del equipo legal, explicó que el caso se encuentra bajo reserva judicial, lo cual impide brindar detalles específicos sobre el proceso.
No obstante, afirmó que la defensa presentó una acción constitucional de amparo ante la CSJ por considerar que la Sala Cuarta de Apelaciones vulneró garantías fundamentales del debido proceso al resolver a favor del Ministerio Público (MP).
Según Tzul, el MP giró inicialmente una orden de aprehensión contra ambos exlíderes comunitarios por cinco delitos: asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. Sin embargo, tras la audiencia de primera declaración, celebrada el 25 de abril, la jueza de primera instancia Carol Patricia Flores resolvió ligarlos a proceso únicamente por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.
Ante esa resolución, el MP interpuso un recurso de apelación solicitando que también fueran procesados por al menos uno de los delitos que habían sido excluidos. Recientemente, la Sala Cuarta de Apelaciones ordenó ligarlos a proceso por un tercer delito, lo que motivó la acción de amparo presentada por la defensa. “Estamos en desacuerdo con la forma en la que la Sala resolvió”, afirmó Tzul.
De forma extraoficial, se conoce que este nuevo cargo es asociación ilícita, aunque oficialmente las partes no pueden confirmarlo porque el proceso está bajo reserva.
El delito de asociación ilícita implica que varias personas se han organizado para cometer actos delictivos y su inclusión en el caso cambia la naturaleza jurídica del proceso.
Tanto Pacheco como Chaclán se encuentran actualmente en prisión preventiva en el centro de detención Mariscal Zavala, mientras avanza el proceso de investigación. El MP cuenta con un plazo de dos meses, a partir del 25 de abril, para concluir la etapa de investigación y presentar acusación formal.
La CSJ deberá ahora resolver si admite para su trámite el amparo presentado por la defensa. De hacerlo, podría suspender provisionalmente la inclusión del nuevo delito mientras analiza el fondo del asunto.
El pasado 20 de mayo, el Rule of Law Impact Lab de la Universidad de Stanford expresó su “profunda preocupación” por la detención y el proceso penal contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán. En un comunicado denunciaron el uso arbitrario de leyes antiterroristas basadas en disposiciones “vagas y amplias” para criminalizar la protesta social indígena en Guatemala.
Stanford advirtió que estas acciones violan garantías constitucionales y tratados internacionales que protegen la protesta pacífica y el debido proceso. Además, alertó sobre una tendencia creciente de persecución judicial contra líderes sociales y opositores políticos en el país.
