_{Foto: Carlos Alonzo}

En un comunicado oficial, el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho (Rule of Law Impact Lab) denunció que las acusaciones en contra de Pacheco y Chaclán se basan en disposiciones “vagas y amplias” de la legislación antiterrorista guatemalteca y se han tramitado en procesos cerrados al escrutinio público. Las manifestaciones que originaron las acusaciones fueron convocadas en el contexto de la transición presidencial y exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras en 2023.

“El derecho penal no debe utilizarse como herramienta para deslegitimar o castigar la participación cívica ni la protesta pacífica”, advirtió el Laboratorio dirigido por la profesora Amrit Singh. El comunicado recuerda que tanto la Constitución guatemalteca como los tratados internacionales suscritos por el país protegen el derecho a la protesta y el debido proceso.

El Laboratorio de Stanford contextualiza el caso en una tendencia más amplia de criminalización de líderes sociales, periodistas, operadores de justicia y opositores políticos en Guatemala, documentada en su informe de 2024 titulado “Por encima de la ley”. En este, la entidad académica destacó el uso selectivo del derecho penal por parte del Ministerio Público para acallar voces críticas.

Asimismo, cita estándares internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que exigen definiciones claras y garantías estrictas en casos relacionados con terrorismo. “El abuso de estas leyes no solo viola el principio de legalidad, sino que representa una amenaza directa a los derechos fundamentales”, reiteró el laboratorio.

El pronunciamiento incluye referencias a informes del Relator Especial de la ONU, Ben Saul, quien ha advertido sobre el uso deliberado y discriminatorio de leyes antiterroristas contra minorías, opositores y defensores de derechos humanos en distintos países.

Finalmente, la Universidad de Stanford hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a garantizar transparencia, imparcialidad y apego a los estándares internacionales en el caso de Pacheco y Chaclán, así como a abstenerse de emplear marcos legales antiterroristas para reprimir la expresión democrática legítima.