El caso se originó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda de Polo Democrático denunció los presuntos vínculos de Uribe con estructuras paramilitares, apoyado en testimonios como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por manipulación de testigos, pero en 2018 la Corte Suprema archivó esa denuncia y, en cambio, abrió una investigación penal contra el propio Uribe, por los delitos que él mismo señalaba: fraude procesal y soborno de testigos.

Durante la investigación se recopilaron pruebas clave, como interceptaciones telefónicas, declaraciones de testigos y testimonios que indicaban presiones ejercidas por el abogado Diego Cadena, cercano a Uribe, para conseguir retractaciones a favor del exmandatario. Uno de los emisarios de Cadena fue Carlos López, alias “Cala”, quien intentó influir en Monsalve mientras este se encontraba en prisión.

En 2020, Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema, pero tras su renuncia al Senado, el proceso fue trasladado a la justicia ordinaria. A pesar de que la Fiscalía intentó cerrar el caso en 2021, la insistencia de las víctimas y decisiones judiciales permitieron que avanzara hasta el juicio oral que concluyó hoy con una condena firme por soborno. La jueza Heredia desestimó varios testimonios de la defensa por inconsistencias, y reafirmó que existieron acciones deliberadas para alterar el curso de la justicia.

Aunque la pena exacta será determinada en las próximas semanas y podría oscilar entre 6 y 12 años de prisión, la defensa de Uribe ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que podría prolongar el proceso. El expresidente estuvo ausente durante la lectura del fallo.

Vínculos de Uribe con actores de la ultraderecha guatemalteca

La figura de Uribe se ha relacionado con sectores de la ultraderecha y el conservadurismo político, así como con personas señaladas por socavar la democracia en Guatemala. Entre ellos está Ricardo Méndez Ruiz, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), conocido por sus ataques a operadores de justicia y su cercanía con redes de poder que han buscado revertir avances en la lucha contra la impunidad.

Recientemente, una investigación de Señal Investigativa, del canal público colombiano Señal Colombia, reveló que Uribe estaría vinculado con la emisión de órdenes de captura contra el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez; así como contra la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Según el reportaje, esta operación habría sido articulada entre actores políticos de Colombia y Guatemala en alianza con la FCT.

Uno de los elementos clave del reportaje es un organigrama elaborado por exfiscales guatemaltecos exiliados, donde se detalla una red de políticos, operadores judiciales y empresarios que habrían impulsado acciones legales contra quienes lideraron investigaciones anticorrupción en la región. En el centro del entramado aparece una reunión sostenida en diciembre de 2018 entre Uribe y Méndez Ruiz, en la cual este último, según el medio, le habría ofrecido «la cabeza de Velásquez».